Organizaciones representantes de las naciones originarias, de la sociedad civil y del mundo académico presentaron este 12 de septiembre una serie de informes que reportan las principales afectaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) en Chile, dando relevancia a la actual situación de niñas y niños, adolescentes, personas migrantes, pueblos indígenas, entre otros.
En una actividad organizada por el Centro de Derechos Humanos (CDH), las organizaciones presentaron los informes alternativos para el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Estado de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos y los Estados miembros de la ONU, que tendrá lugar en enero de 2019 en Ginebra (Suiza).
Durante la actividad, el Decano Pablo Ruiz-Tagle resaltó a ésta como una iniciativa inédita de la Facultad, surgida en abril pasado desde el CDH, destinada a convocar a organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas para que, con su apoyo técnico, puedan llevar las miradas que ellas tienen sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos en nuestro país y sus brechas de implementación.
Los informes alternativos a los presentados por el Estado desarrollan seis temáticas específicas (sexualidades y géneros; personas migrantes; niñez; violencia institucional; Naciones Originarias; y derechos ambientales), mientras otro documento abordó temas transversales de los Derechos Humanos. Así, se constató que la situación actual de los niños, niñas y adolescentes representa la vulneración de derechos humanos más grave en el país.
En esta línea, el Decano Ruiz-Tagle aseguró que esta actividad instala a la Facultad de Derecho en la discusión pública que se está dando respecto del cumplimiento de algunos compromisos del Estado de Chile en materia de DD.HH., a través de un trabajo de coordinación con distintas organizaciones sociales de base y pueblos indígenas. "Al mismo tiempo, nos permite conectarnos con dichas organizaciones, conocer de su trabajo y acercar a la sociedad civil a mecanismos de participación en instancias internacionales", puntualizó.
Además, la iniciativa aporta al fortalecimiento de los mecanismos democráticos de participación de la sociedad civil y pueblos indígenas en el monitoreo del cumplimiento de los compromisos en materia de Derechos Humanos del Estado de Chile.
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De acuerdo al informe, en la actualidad la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de vulnerabilidad constituye la situación de vulneración de DD.HH. más grave en el país. El informe recoge la información que ha revelado una serie de irregularidades en la institucionalidad de protección de NNA en Chile; atribuibles al Servicio Nacional de Menores (Sename) y a instituciones privadas de acogida, bajo supervisión del Estado, por casos de abusos, maltrato y vulneración de derechos. Así, se denuncia que el Estado chileno ha focalizado su política de protección hacia los NNA en mejorar las falencias en la institucionalización y no ha desarrollado mecanismos y políticas públicas destinadas a prevenir la situación de vulnerabilidad de NNA víctimas de derechos humanos en Chile.
Respecto a la situación de las naciones originarias, el informe explicita la falta de reconocimiento de los derechos colectivos a la tierra y los derechos políticos de los pueblos. Del mismo modo, los antecedentes expuestos por las organizaciones indígenas participantes, evidencian una estrategia represiva del Estado contra los defensores y defensora de derechos indígenas, lo que se expresa en la criminalización de líderes y lideresas y la impunidad de los crímenes cometidos en su contra.
Asimismo, el informe que se presenta en materia de las personas migrantes muestra que la normativa que regula la migración está obsoleta y no permite abordar la realidad migratoria actual de un modo consistente con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de personas migrantes.
En la elaboración de los informes, participaron las siguientes organizaciones de la sociedad civil y naciones indígenas: Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Asociación Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comisión Chilena Pro-Derechos Juveniles (CODEJU), Comisión Ética contra la Tortura (CECT), Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Población La Legua, Corporación Miles Chile, ONG FIMA, Litigación Estructural para América del Sur (ONG LEASUR), Mesa Regional Indígena de Santiago, Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y Plataforma Política Mapuche. El Centro de Derechos Humanos y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) entregaron asesoría técnica.