Como parte de las audiencias con el mundo académico y representantes de la sociedad civil en el marco de la discusión del proyecto de ley de migraciones, académicas e investigadores de la Cátedra de Migraciones y Racismos Contemporáneos y de la Facultad de Derecho participaron de una sesión de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado de la República el pasado lunes 18 de marzo. El proyecto de ley en discusión, fue aprobado en primer trámite en la Cámara de Diputados.
Cuáles son los avances y retrocesos en materia de derechos en relación a la actual normativa, cómo el proyecto dialoga con los principios del derecho internacional en materia migratoria y cómo responde a los flujos migratorios contemporáneos y la integración de las personas, fueron algunos de los puntos planteados y analizados por los también integrantes del proyecto anillo "Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, la ciudadanía global y el acceso a los derechos para la no discriminación”, financiado por Conicyt.
Participaron de la jornada los senadores integrantes de la instancia Pedro Araya, Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea Vial, y el presidente de la misma, Rabindranath Quinteros.
Principios del derecho internacional
La profesora Liliana Galdamez, investigadora del Centro de Derechos Humanos (CDH), señaló que en materia migratoria a nivel global resultan claves dos principios: el de la vulnerabilidad y el de la igualdad y no discriminación arbitraria, explicitados en diferentes instrumentos internacionales.
En contraposición a estos mismos, los migrantes, "en la práctica son protagonistas de un fenómeno que se ve en América Latina y que está produciendo categorías que podríamos llamar de sub-ciudadanías, es decir, ciudadanos que viven al interior de un Estado pero que cuyo acceso a los derechos fundamentales se ve restringido o limitado por la aplicación de plazos o exigencias que hacen imposible el goce de éstos", y que conducen, por ejemplo, a la irregularidad.
Ambos principios, particularmente el de igualdad y no discriminación, enfatizó la profesora, están expresados incluso en la actual Constitución, la cual "no establece limitaciones ni distinciones respecto del acceso o reconocimiento de derechos fundamentales”, y “no utiliza la expresión ‘migrante’, sino que solamente ‘extranjero’".
Sobre su aplicación en el actual proyecto en discusión, éste último desde sus principios fundamentales “establece desde una limitación preliminar”. Esta idea de que existe un límite en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, detalló la abogada, “se aparta del propio texto de la Constitución”.
En relación a esta subcategorización de las personas, la también investigadora del CDH, profesora Rita Lages, explicó que la iniciativa "está marcada por el que podríamos designar un ‘ethos de anti – regularización’, en el sentido de que frente a la irregularidad migratoria, el proyecto ley no define, salvo cierta situaciones, una respuesta legal más allá de la salida voluntaria o forzada del país", esto a pesar de que el proyecto menciona que "el Estado de Chile a través de su política nacional de migración propende a la integración e inclusión de los extranjeros".
Otra de las alertas planteadas por la profesora Lages tiene que ver con la privatización del control fronterizo, que está vinculada a la derivación de tareas de control y vigilancia de la frontera y de los flujos migratorios a actores privados, a través en este caso de "imponer ahora a las instituciones universitarias la obligación de entregar los datos de sus estudiantes al Servicio Nacional de Migraciones", información que se integraría al Registro Nacional de Extranjeros.
Con esta perspectiva, opinó la profesora, se puede interpretar en el proyecto de ley que el valor de la migración para el país "es más bien tributaria de una visión de ésta como un fenómeno social indeseable".
Una visión de frontera
Desde el punto de vista de los flujos migratorios, el investigador Eduardo Thayer señaló que una política centrada en el control de fronteras "no va a determinar si las personas ingresan o no al país, sino que las condiciones en las que lo hacen", motivo por el cual advirtió que este proyecto de ley "hay que entenderlo en el marco de una política que se está implementando actualmente que contiene una serie de medidas administrativas como el proceso de regularización, y el sistema de visado consular que pretende consagrarse en la ley".
Este último punto fue descrito como uno de los nudos críticos del mismo en cuanto, "en la práctica, es un instrumento de restricción del acceso al mercado del trabajo en Chile”, a partir del cambio "del sistema a través del cual se ha incorporado la población migrante desde el 75 en adelante".
Otra de las advertencias del especialista es que el proyecto propone también una extensión de la temporalidad de los plazos para acceder a la residencia definitiva. “Los que venimos estudiando desde hace años este fenómeno, sabemos que la condición de persona transitoria en un país genera vulneraciones en el acceso efectivo de los derechos como el acceso a la vivienda, y a otros servicios públicos”, aclaró.
Sobre este punto, la académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Yasna Contreras, también advirtió que el proyecto incumple el articulado de la Constitución, particularmente el artículo 19 que plantea asegura “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona” en cuanto no asegura la dimensión territorial de las personas migrantes, particularmente el acceso a la vivienda, uno de los derechos desprotegidos en este proyecto y en esta discusión según su opinión.
"A partir del proyecto de ley yo me cuestiono cómo podemos proteger a los migrantes contra el abuso y la arbitrariedad, en este caso en el acceso a la vivienda y al suelo", constatando el actual escenario de arriendos y subarriendos a personas extranjeras, situación desregulada que deja a éstas en situaciones de precariedad y vulnerabilidad ante accidentes, como los incendios.
Finalmente, para el senador Rabindranath Quinteros, hoy el desafío es "legislar pensando en nuestra realidad, con más de un millón de chilenos viviendo en el extranjero", contexto en donde "no puede haber tanta discordancia entre lo que nosotros reclamamos para nuestros compatriotas fuera del país y lo que reconocemos a los extranjeros que están en Chile".
"Tenemos que asumir una vocación por la integración regional. Somos uno de los países más abiertos al mundo, por lo tanto debemos partir de la base de que la integración no solamente es económica, sino que también es de las personas", dijo el senador.