El seminario "Reforma legislativa y de la política de migración y extranjería en Chile" congregó a profesores, investigadores y estudiantes a analizar el tratamiento de la inmigración dentro de la legislación chilena, planteando una serie de críticas y sugerencias al proyecto de ley.
El conversatorio fue celebrado en el marco del Proyecto "Migraciones contemporáneas en Chile: desafíos para la democracia, ciudadanía global y acceso a derechos", financiado por CONECYT PIA SOC 180008, dirigido por la profesora doctora María Emília Tijoux, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y en el que participan igualmente la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, además de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y la Universidad Católica Silva Henríquez.
La primera ponencia se tituló "Las categorías migratorias y condiciones de ingreso", a cargo de Eduardo Thayer, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile e investigador titular del proyecto antes mencionado.
En su presentación destacó que "no existe una política de migración consistente en Chile, sino que más bien se regula a través de medidas administrativas, decretos, instructivos, y en general figuras más bien endebles a la hora de referirnos a una política migratoria completa, la cual es necesaria y urgente”. Estamos en presencia de un fenómeno al que podríamos llamar 'la política del mientras tanto'", concluye el académico.
La segunda ponencia fue de la profesora Rita Lages, investigadora asociada del proyecto y académica del Centro de Derechos Humanos, sobre "El tratamiento de la irregularidad migratoria y sus consecuencias jurídicas en el proyecto de ley". En su exposición, la académica afirmó que existe un claro propósito antimigración en el proyecto de ley y extranjería, en la medida en que la citada propuesta legislativa no ofrece, en general, alternativas legales de regularización. Más bien, la respuesta, frente a una situación de irregularidad migratoria, es la salida involuntaria, mediante expulsión, reconducción o devolución inmediata, añadió Lages.
La tercera presentación fue de Eduardo Carroza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante e integrante del directorio de la Cátedra de Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, y estuvo dedicada a analizar "el proceso de regularización extraordinario".
Cardoza señaló que la legislación actual, al igual que la propuesta de ley, tiende a desconocer el proceso global de las migraciones, lo que tiene por resultado la producción de una irregularidad migratoria sistémica. Posteriormente, subrayó que, en Chile, el proceso de regularización realizado el 2018 fue más bien de registro, es decir, indagar respecto del número de personas migrantes existen en Chile. Además, agregó que el proceso tuvo falencias, pues si la intención era regularizar a 300 mil personas, sólo lo hicieron 155 mil personas. Otro de los defectos claros en cuanto a este sistema de registro, fue el énfasis que puso a ciertas nacionalidades, en particular, la haitiana, lo que denota un sesgo discriminatorio.
Finalmente, Carroza aseguró que la regularización migratoria fácil y ágil debiera ser parte fundamental de la ley y sus procedimientos. El sistema de visa debiera ser un sistema simplificado, que permita un cambio ágil de documentos en el país. Así, la legislación debe adecuarse a los flujos migratorios reales de una sociedad globalizada como la de hoy, que es lo que verdaderamente permite combatir la irregularidad.