Entre el 8 y 10 de agosto se realizó en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú el I Congreso Regional de Clínicas Jurídicas "De la calle a los tribunales. La realidad de la educación clínica en América Latina".
En ese contexto, la Directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA), Valentina Durán, participó en representación del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de nuestra Facultad, tanto en la reunión de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas como en la constitución de la Alianza Latinoamericana de Clínicas Ambientales.
El encuentro, realizado en la ciudad de Lima (Perú), convocó a 28 clínicas jurídicas pertenecientes a universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú. La cita propició un espacio para intercambiar experiencias y llamar la atención sobre la necesidad de continuar con litigio estratégico en materia de protección a la salud y medio ambiente, y de protección a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas con discapacidad, y personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ.
Asimismo, el encuentro permitió diseñar una estrategia de trabajo a futuro y adoptar la Declaración de Lima, en la que, entre otros, las universidades se comprometen a consolidar y posicionar la educación legal clínica en América Latina en la defensa permanente de los mecanismos de protección de los derechos humanos e interés público.
Por su parte en la ocasión se formó la Alianza Latinoamericana de Clínicas Ambientales en el marco de la red mencionada. Esta nueva alianza de clínicas ambientales hizo un llamado público a los estados latinoamericanos a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, teniendo en consideración que América Latina es una región especialmente vulnerable a la degradación ambiental y a los efectos del cambio climático.”
Tras el encuentro, la profesora Valentina Durán afirmó que "en Chile y en la región existen barreras al acceso a la justicia ambiental, y una de ellas es la falta de asesoría jurídica gratuita para las personas y comunidades afectadas. Así, las clínicas ambientales cumplen un papel muy relevante en el acceso a la justicia ambiental". La académica destacó la labor de la Clínica Ambiental de la Universidad de Chile, fundada por la profesora María Nora González, que ha desarrollado un trabajo por más de 17 años.
Finalmente, las clínicas firmantes de la Declaración de Lima no solo ratificaron su interés por seguir impulsando el trabajo en red de estos espacios, sino que también se comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para consolidar y posicionar la educación legal clínica en América Latina.
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