De cara a la Asamblea General de Naciones Unidas, que se realiza durante esta semana en Nueva York (Estados Unidos), la profesora Valentina Durán participó en un encuentro previo a esta cita, donde académicos y activistas por la justicia climática abordaron una serie de propuestas para ser presentadas a los políticos y líderes mundiales reunidos en la Cumbre de Acción Climática, encuentro organizado por el Secretario General de la ONU, António Guterres.
La Cumbre, realizado en la misma sede de la ONU el día 23 de septiembre en Nueva York, tuvo como finalidad de que todos los líderes mundiales acudan "con planes concretos y realistas para mejorar sus contribuciones concretas a nivel nacional para 2020, siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45 % en los próximos diez años y a cero para 2050".
En el marco preparatorio de esta actividad, la profesora Valentina Durán, Directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA), recibió a comienzos de año una invitación a integrar el comité ejecutivo de la iniciativa UNited for Climate Justice, proyecto que reúne a líderes, académicos y activistas de todos los continentes, bajo la presidencia de Teresa Ribera, Ministra para la Transición Ecológica de España.
Convocados por la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS), la iniciativa fue apoyada por otras organizaciones europeas como las fundaciones Friedrich-Ebert-Stiftung, Jean-Jaurès, Max van der Stoel, y el Environment & Development Resource Centre, con entregar propuestas desde la mirada de la justicia climática, a los políticos y líderes reunidos en la Cumbre de Acción Climática.
Tras meses de reuniones y trabajo, la iniciativa realizó la publicación de un Policy Paper con Declaraciones y Propuestas Orientadoras para la Acción Climática Progresista junto a una Declaración para la Justicia Climática, documentos que fueron presentados a los líderes mundiales el día 20 de septiembre de 2019 en un side event preparatorio de la Cumbre sobre la Acción Climática de las Naciones Unidas en Nueva York.
En el lanzamiento de estas propuestas en Nueva York, la Profesora Valentina Durán fue invitada a exponer sobre la propuesta vinculada a los aspectos legales y de derechos de la acción climática, destacando que para lograr la justicia climática se requieren instrumentos legales adicionales, aludiendo a iniciativas como el nuevo Acuerdo de Escazú y un posible pacto global para el medio ambiente. Con un llamado a reforzar el estado de derecho y el reconocimiento de los principios más importantes como el principio progresivo o de no regresión a través de instrumentos legales vinculantes, la profesora Durán planteó continuar la reflexión en el futuro, abordando cuestiones como el ecocidio, y la representación y eventuales derechos de la naturaleza.
Propuestas orientadoras
La Declaración que abordó la profesora Durán en su exposición contiene 5 Propuestas Orientadoras para la Justicia Climática. De acuerdo a la primera propuesta, esto es, incluir planes de transición justa en los procesos de preparación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el documento recuerda que las Partes del Acuerdo de París se deberían comprometer con este objetivo, en la promoción de un nuevo contrato “Global Socio-Ecológico”, de manera de eliminar progresivamente los combustibles fósiles y se avanza hacia una sociedad des-carbonizada, asegurando la redistribución equitativa de la riqueza y el fortalecimiento de las políticas de bienestar.
En cuanto a las inversiones, finanzas y comercio global resilientes al clima, la propuesta menciona que como parte de un cambio sistemático en estos sectores para estimular un enfoque de la inversión climática centrado en el planeta y en las personas, los gobiernos en todos los niveles deberían tomar una serie de medidas que incluyan garantizar la justicia tributaria, incentivar medios de transporte sustentables e introducir una tasa acordada internacionalmente a los combustibles de las aerolíneas, así como también brindar apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan invertir en iniciativas verdes y sociales.
La tercera propuesta busca involucrar activamente a los jóvenes en la toma de decisiones a través de consejos juveniles verdes, en todos los niveles, e implementar evaluación de impacto de las políticas que miren al largo plazo al tiempo que establecer una institucionalidad guardiana de las generaciones futuras.
La cuarta propuesta, consiste en establecer un marco internacional para la sustentabilidad y los derechos ambientales. Con una acción climática basada en los derechos, los gobiernos deberían establecer un marco internacionalmente operativo y respetado que incluya el establecimiento de principios del derecho ambiental, la protección de los defensores ambientales y migrantes climáticos, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Con un explícito apoyo al Acuerdo de Escazú, la declaración invita a desarrollar marcos regionales en esta dirección.
Finalmente, la última propuesta, llama a preferir las soluciones basadas en la naturaleza en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Como parte de del reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza, los gobiernos deberían comprometerse con soluciones basadas en la naturaleza buscando los modos más eficientes en términos de mitigación y adaptación. Al mismo tiempo, garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales respecto al control de sus territorios también serviría para valorar mejor la naturaleza.