Durante los últimos años la recurrencia e importancia de casos en que ciertas empresas se pusieron de acuerdo para distorsionar el mercado con prácticas anticompetitivas (los casos “farmacias”, “papel”, “pollos”, “supermercados”, entre otros) han puesto el tema de la colusión bajo la mirada de la opinión pública y en la agenda legislativa.
Sus efectos negativos tanto para los consumidores como para los mercados e incluso la democracia misma han llevado a la presentación de un proyecto de ley con el fin de otorgar a la Fiscalía Nacional Económica nuevas herramientas para la investigación de carteles y aumentar la pena del delito de colusión en ciertas circunstancias.
A mediados de mayo los profesores del departamento de Derecho Económico de esta Facultad Francisco Agüero (quien es además director de la Escuela de Pregrado) y Jorge Grunberg, fueron invitados a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para entregar su opinión individual sobre este proyecto de ley, que se encuentra en primer trámite constitucional. El proyecto (Boletín No. 13.312-03) fortalece la investigación y persecución de carteles y propone modificaciones a la Ley de defensa de la libre competencia. Y en la Cámara se ha presentado la discusión en torno a la titularidad de la acción penal para el delito de colusión, la cual desde el año 2016 pertenece a la Fiscalía Nacional Económica y que algunos han propuesto se traslade al Ministerio Público
En su exposición el profesor Grunberg se refirió a las razones que tuvo el Congreso Nacional para confiarle a la Fiscalía Nacional Económica la decisión de iniciar una investigación de hechos que constituían el delito de colusión y, por tanto, que no sería adecuado transferirla.
Por su parte, el profesor Agüero presentó una visión general del proyecto el cual se inscribe en un panorama más amplio, que incluye acciones colectivas de consumidores, sanciones administrativas o multas, sanciones penales e incentivos económicos a través de la delación compensada y la figura (que intenta introducir el proyecto) de los denunciantes anónimos. También indicó algunos de los problemas que existen, como el que las investigaciones sean muy extensas o la excepción de coacción que desincentiva delación compensada, por ejemplo.