En julio de 2010, en su sexagésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 64/292 sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. En esta resolución se “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” y se “exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología (…) a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento”.
El Día Mundial del Agua tiene como objetivo “concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla” con miras a alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: “Agua y saneamiento para todos antes de 2030”.
El equipo académico del Centro de Derecho Ambiental no ha estado ajeno del debate y en las últimas semanas estuvo presente en el «I Conversatorio del Agua: Por la sustentabilidad del agua en Chile» (organizado por el Foro de la Economía del Agua, en colaboración con la Universidad de Granada, la Universidad Adolfo Ibáñez y el Centro de Derecho Ambiental) y en los «Foros por el Agua: Sequía y Megacrisis Hídrica», organizados por la Comisión de Medio Ambiente del Centro de Estudiantes de Derecho.
De acuerdo con los Informes Mundiales de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019 y 2020: 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable segura y 6 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros. En este escenario “más de 2.000 millones de personas viven en países que sufren una fuerte escasez de agua”, en un contexto en que “el uso global de agua se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y sigue aumentando a un ritmo constante de un 1% cada año debido al crecimiento demográfico, al desarrollo económico y al cambio de los patrones de consumo”.
Conversatorio del Agua: Por la sustentabilidad del agua en Chile
La primera de estas actividades tuvo lugar el pasado 16 de marzo y contó con la participación de la profesora Valentina Durán Medina (directora del Centro de Derecho Ambiental), quien se refirió a la protección de los humedales, contaminación de las aguas y glaciares. En su exposición, la profesora comenzó explicando la relación entre la deficiente gobernanza de aguas en nuestro país y la existencia de conflictos socioambientales, enfatizando que “para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es muy importante la transparencia y tener instituciones sólidas”. En esta línea, resaltó el avance que se tuvo en 2010 con la reforma a la institucionalidad ambiental, que otorgó al Ministerio del Medio Ambiente amplias facultades de políticas, planes y programas en materias hídricas, para favorecer la conservación de recursos hídricos y administrar información sobre la calidad del agua.
En materia de humedales, la académica del Centro de Derecho Ambiental, también explicó que se ha avanzado con la Ley N° 21.202 que protege los humedales urbanos, y que la Corte Suprema también ha fallado a favor con importantes sentencias sobre protección de humedales. Además, esta nueva ley otorga participación a los municipios y también a los ciudadanos, lo que es relevante para su gestión y acceso a la información. Aún pese a estos avances, señaló que existen temas pendientes, ya que en dicha ley no se protegen humedales que no están en zonas urbanas, ni turberas, ni salares.
En lo que respecta a la contaminación de las aguas, la profesora indicó que existe un gran avance en cuanto a normas de calidad secundarias para ríos, sin embargo, puntualizó que también existe un atraso en materia de descontaminación de las aguas. Además, el reglamento de elaboración de normas de calidad reemplazó el programa priorizado de planes y normas por el programa de regulación ambiental, sin embargo, este sigue siendo un instrumento muy poco conocido: “el último de estos programas de regulación ambiental fue dictado en 2020 por el Ministerio de Medio Ambiente y se hace cargo de la protección de cuencas hidrográficas”.
Respecto a la protección de glaciares, dos temas de actual relevancia para nuestra legislación son el Estatuto Antártico de Chile, que tiene un foco importante en protección ambiental (aún cuando faltan los glaciares continentales), y la Ley de Glaciares, que sigue en tramitación por falta de consenso en diferentes temáticas, sobre todo, en el desafío compatibilizar materias mineras y energéticas.
En cuanto a la relación de los derechos de acceso y el derecho humano al agua, la profesora Durán comentó que “existe una percepción de falta de justicia ambiental, de que hay abuso y nuestro sistema jurídico no nos acompaña respecto al establecimiento de prioridades que debe tener el agua en su uso y como está disponible para los distintos tipos de usuarios”. Sin perjuicio de ello recientemente la Corte Suprema ha reconocido que “el Estado de Chile al ratificar diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y otros instrumentos propios del Derecho Internacional, ha adquirido voluntariamente una serie de obligaciones que resultan vinculantes” y “que toda persona, por su dignidad de tal, tiene el derecho humano de acceso al agua potable, en condiciones de igualdad y no discrminación; derecho que posee, como correlato, el deber del Estado de garantizar el acceso en las mencionadas condiciones” (Corte Suprema, 18 de enero de 2021, rol 72198-2020).
Foros por el Agua: Sequía y Megacrisis Hídrica
De acuerdo con el último Informe del Relator Especial de Naciones Unidas, David R. Boyd, «Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua» (19 de enero de 2021): “se entiende por escasez de agua la insuficiencia de agua dulce para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y ejercer sus derechos al agua y al saneamiento, así como para el mantenimiento de ecosistemas saludables. Esa insuficiencia puede deberse a limitaciones física de abastecimiento, un consumo excesivo por particulares y empresas, el deterioro de la calidad del agua, una planificación deficiente, el cambio climático y una mala gestión. Los problemas de falta de agua afectan actualmente a más de 3.000 millones de personas, mientras que 1.500 millones de personas sufren grave escasez o incluso situaciones de sequía. Se estima que hasta 700 millones de personas corren el riesgo de verse desplazadas por una aguda escasez de agua antes de 2030”.
En la segunda de las actividades, realizada el sábado 20 de marzo, Antonio Pulgar Martínez (asistente de investigación del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile) se refirió al «Derecho Humano al Agua y al Saneamiento: Perspectiva Latinoamericana», oportunidad en que reflexionó sobre la gestión hídrica en el contexto del cambio climático, la historia del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, su desarrollo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la consagración constitucional del derecho humano al agua. Para Antonio Pulgar es necesario pensar y buscar formas de integrar estos contenidos para promover una gestión de componentes ambientales que no impacten a las personas más vulnerables de nuestro país “y que no deje a nadie atrás, posibilitando la dignidad de las personas en todo su esplendor”.
Diploma en Derecho de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático
En diciembre de 2020, el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile aprobó la creación del «Diploma de Postítulo en Derecho de Aguas, Medio Ambiente y Cambio Climático», programa del Centro de Derecho Ambiental que contará con la coordinación académica de la profesora Ana Lya Uriarte Rodríguez (investigadora del Centro de Derecho Ambiental) y con la coordinación ejecutiva de María Francisca Aguilar (abogada de la Universidad de Chile y ayudante del curso de Clínica Ambiental).
Este nuevo diploma se suma a las actividades de extensión del Centro de Derecho Ambiental con la finalidad de entregar “conocimientos sobre regulación y jurisprudencia del agua, desde una perspectiva asociada a fenómenos ambientales, gestión y conflictos socioambientales” y está orientado a abogados, abogadas y otros profesionales del sector público, privado y de la sociedad civil, que tengan interés en desarrollar su conocimiento sobre regulación y gestión del agua en nuestro país, y los grandes desafíos que plantea esta disciplina.