La nueva Constitución de Chile 2002 —en caso de aprobarse— debe abordar el medio ambiente desde una perspectiva integral y transversal a lo largo de todo el texto, y no solo como un derecho fundamental: el preámbulo, las bases de la institucionalidad, los principios, la forma de Estado y los derechos fundamentales deben incluir distintas normas constitucionales orientadas a proteger el medioambiente. Este es uno de los ejes con los que hace años viene trabajando el Centro de Derecho Ambiental de la Facultas de Derecho de la Universidad de Chile, y que por medio del Observatorio Constitucional Ambiental ha desarrollado un exhaustivo proceso de monitoreo del debate constitucional que a pocas semanas de iniciarse la etapa de deliberaciones y votaciones arroja las primeras tendencias.
Por medio de 14 boletines ya publicados, el centro dirigido por las académicas Valentina Durán y Ana Lya Uriarte, se ha mostrado los diferentes debates que han girado en torno al medioambiente en las 7 comisiones temáticas de la Convención Constitucional. Más allá de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes, y Modelo Económico, las posibles normas constitucionales se han abordado en detalle en las comisiones de Derechos Fundamentales, Principios Constitucionales y Sistema de Justicia. En estas instancias, se han expuesto temáticas relativas a derechos y deberes medio ambientales, pero también contenidos relativos a una nueva institucionalidad ambiental que, en la práctica, pueda ejecutar y proteger los derechos y principios que queden establecidos en el nuevo texto constitucional.
Según lo revisado por el Observatorio, los temas que más aparecen en la discusión constitucional, que en esta primera etapa está abocada a la recepción de audiencias, son: el agua, los derechos de la naturaleza y la justicia medioambiental. Sobre el agua, ya se aprecia una gran tendencia para declararlo un derecho fundamental y como bien de uso público, lo mismo ocurre con los derechos de la naturaleza, que emerge como una temática innovadora en materia de normas, y que muy probablemente tenga algún espacio dentro del texto constitucional. Como tercer tema, en tanto, aparece una nueva institucionalidad que proteja estos derechos bajo, por ejemplo, la creación de una defensoría de justicia medioambiental.
La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Valentina Durán, ha visitado ya en dos ocasiones la Convención para dar a conocer algunas propuestas en torno al medioambiente y la nueva Constitución. La académica cree que el debate, como se ha dado hasta ahora, apunta a un importante objetivo: el medioambiente cruzará gran parte de los capítulos de la nueva Carta Fundamental.
“Nosotros siempre dijimos que el tema medioambiental tenía que ser transversal en la Constitución. Es decir, no solamente estar en el capítulo de derechos fundamentales, sino que en el preámbulo, en los principios o bases de la institucionalidad, en los derechos, deberes y las formas del Estado. Y eso, solo viendo las bases del reglamento, se ha ido cumpliendo. En prácticamente todas las comisiones se incluyen temas relativos a lo ambiental. La Constitución del 2022 tiene la posibilidad de ser una Constitución ecológica señera en la región, y será, además, la primera Constitución nueva tras el acuerdo de París. Uno puede esperar que se incluirá la urgencia de la emergencia climática y ecológica, los que se vio reflejado en la declaración inicial de la Convención, además se espera la opción de incorporar derechos a la naturaleza, o derechos de la naturaleza del agua. Y, ciertamente, se observa ya una voluntad de integrar y plantear una nueva relación entre el medio ambiente y el ser humano", indica.
En el trabajo del Observatorio se deja registro de las diferentes sesiones y se destacan algunos momentos más llamativos dentro de las exposiciones que se están recibiendo. La académica recuerda uno de ellos, en donde se abordó, también, otro tema que ha estado presente: la soberanía alimentaria.
“Hubo un debate interesante dentro de las exposiciones que destacamos en la Comisión de Medioambiente. Expuso la Asociación de Agricultores de San Fernando, y su representante explicó que diferentes mercados de destino de los productos agrícolas chilenos exigen que se cuide el medioambiente, citando el caso de Alemania, en donde a la fruta chilena se le exige que cumpla con los mismos estándares que la mercancías alemanas. Entonces, se habló en torno a que la agricultura nacional ha ido mejorando prácticas para evitar la contaminación, y —en sus argumentos— reivindicó que el sector agrícola está haciendo esfuerzos. Pero dijo también que la pequeña y mediana agricultura necesitaba libertad de emprendimiento para desarrollarse y que los tratados de libre comercio han ayudado al desarrollo agrícola. Luego, expuso que hay gente que piensa que la soberanía alimentaria significa cerrar las fronteras y dejar de exportar y producir solo alimentos para los chilenos, y eso sería una aberración", relata.
Luego de eso, la convencional Camila Zarate —señala Durán— le consultó si su asociación estaba dispuesta a sumarse a los cambios que se requieren para proteger el medioambiente. Su respuesta fue positiva, indicando que estaban dispuestos a generar cambios, y que ellos (su industria) tampoco especulaban con el agua, que su negocio es producir. Valentina expone este ejemplo para graficar que hay acercamientos en algunas posiciones y que ha existido una multiplicidad de actores que han expuesto en la distintas comisiones sobre medioambiente, entre ONGs, organizaciones sociales e indígenas, gremios productivos, académicos, entre otros.
También en la Comisión de Sistemas Políticos se han tocado temáticas sobre medioambiente. Por ejemplo, el rol de los gobernadores, quienes han planteado —entre ellos el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que sean las gobernaciones las que deberían presidir las instancias de evaluación ambiental. En dicha comisión se está revisando el tema de la descentralización y cómo la acción climática requiere darle más poder a las regiones y los territorios.