Ante la presencia de autoridades, académicos/as, abogados/as y estudiantes de nuestra Facultad, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y también profesor de nuestro plantel, Luis Cordero Vega, encabezó la Inauguración del Año Académico 2023 de la Escuela de Postgrado, instancia en la que abordó la labor judicial en la búsqueda de la verdad frente a las violaciones de los Derechos Humanos.
La ceremonia fue inaugurada por el Decano Pablo Ruiz-Tagle, quien resaltó el trabajo que ha efectuado la Escuela de Postgrado, que en la actualidad destaca por sus más de 40 años especializando a profesionales del Derecho y por contar con alrededor de 300 estudiantes matriculados en sus programas de magíster y de doctorado.
“La educación y la capacitación de posgrado tienen un papel doble, ya que enfatizan la exploración del pensamiento crítico y están vinculadas a las demandas de profesionales altamente calificados”, destacó el Decano Ruiz-Tagle, en la ceremonia en la que participaron también la Vicedecana Renée Rivero; el Director de la Escuela de Postgrado, Gonzalo Berríos; la Subdirectora de la Escuela de Postgrado, Marianne González, entre otras autoridades.
El Decano Ruiz-Tagle reconoció en su discurso que la Escuela de Posgrado de nuestra Facultad, durante los últimos años, ha realizado importantes esfuerzos por crecer y enriquecer su propuesta, todo esto, con el fin de mantenerse “fiel a su misión de formar personas, generar nuevo conocimiento y extender este saber a la sociedad”.
La labor judicial en la búsqueda de verdad
Posteriormente, el Ministro Cordero dictó la charla magistral "La ruta judicial de la búsqueda de verdad y justicia en los casos de violaciones de Derechos Humanos", en la que ahondó en el rol que han tenido jueces y abogados a la hora de buscar esclarecer los casos de personas detenidas desaparecidas, además de buscar justicia para las víctimas de la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1973 y 1990. En este sentido, el ministro detalló los esfuerzos efectuados desde el Estado en esta materia, destacando como una de sus características la realización de comisiones de verdad, como la Comisión Rettig en 1990, la Mesa de Diálogo en 1999 y la Comisión Valech en 2003.
Tras ello, constató que "en la actualidad, tras el trabajo de distintas instancias, así como de investigaciones judiciales que con el tiempo se han llevado a cabo, sin que tengamos certeza hasta el día de hoy, y subrayo esto último, las víctimas de desaparición forzada alcanzan a un universo 1.469 personas, de las cuales, 1.092 corresponden a detenidos/as desaparecidos/as y de 377 ejecutados/as políticos/as sin entrega de cuerpo. Este número, sin embargo, todavía sigue siendo inexacto y es probable que pueda variar en el futuro y solo aumentar su cantidad".
Tras lo cual, planteó los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda, los que se centran en determinar las circunstancias de la desaparición de personas, indagar sobre el destino final y, en los casos donde existen restos, poder identificarlos adecuadamente y entregarlos a familiares.
En esta línea, el titular de Justicia resaltó que las "agrupaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la profesión legal han cumplido un rol determinante para poder llevar a cabo la identificación".
"El proceso chileno ha descansado en el sostén de las comisiones de verdad, acotadas en el tiempo, y en el sostenido trabajo de organizaciones de familiares, pero sobre todo de abogados y abogadas que han sostenido acciones judiciales para mantener vivos sus argumentos en tribunales", apuntó la autoridad.
De la misma manera, el ministro destacó la labor de abogados, abogadas y jueces quienes han tenido un rol imprescindible en la búsqueda de justicia y que tuvieron la capacidad de someter a escrutinio el sistema judicial chileno, siguiendo estrategias legales al alero de organizaciones como actuaron al alero de organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entre otras.
Para finalizar, el ministro planteó la necesidad de instaurar una política pública permanente de búsqueda y que permita conocer las circunstancias generales en que cada una de estas personas fue detenida y hecha desaparecer. "Lo que hoy sabemos solo es información legal y estrictamente judicial que corresponde a investigaciones aisladas. Hasta el día de hoy, el Estado de Chile no reúne en un solo lugar toda la información de la cual dispone para llevar a cabo las investigaciones judiciales con el propósito de indagar sobre el destino final de las personas y, aunque no se crea, también conocer los restos y así poder identificarlos".