La profesora María Nora González tuvo una destacada participación en un encuentro organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y que analizó las opciones legales para combatir la crisis climática, como también presentó el trabajo realizado por las clínicas ambientales de Chile, Perú, Brasil y Colombia.
La Conferencia Regional del Quinto Programa de Montevideo de Derecho Ambiental, respuestas legales para combatir las tres crisis planetarias ambientales en América Latina y el Caribe, fue realizado los días 25 y 26 de septiembre, y fue organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para América Latina y el Caribe.
El evento igual contó con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Expoterra, el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS, por sus siglas en inglés), Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, y la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y el Caribe.
El encuentro tuvo como objetivos centrales llevar a cabo las consultas de las partes interesadas de América Latina y el Caribe sobre soluciones jurídicas y políticas para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en la región; promover y avanzar en la implementación del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible en la región y la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental; lanzar la Plataforma de Docentes de Derecho Ambiental de América Latina y el Caribe de América Latina y el Caribe; y promover la colaboración y la creación de redes entre las partes interesadas para fortalecer la aplicación efectiva de la legislación ambiental.
En ese contexto, y como parte de la Alianza de Clínicas Ambientales de la Región, la profesora González presentó el avance del trabajo intercultural e interdisciplinario realizado durante el presente año con estudiantes y académicos de siete clínicas ambientales de cuatro países- Chile, Perú, Brasil y Colombia. Su intervención se dio en el marco de la Opinión Consultiva solicitada por Chile y Colombia ante la CIDH, acerca de las obligaciones y líneas de acción que deben asumir los Estados partes para resguardar los DD.HH. con ocasión de la crisis climática. En particular, se abordó el área de dicha respuesta que asumió la "Clínica de derecho Ambiental y resolución de conflictos" relativa al estado de resguardo de los niños niñas y adolescentes, en la protección de sus derechos humanos afectados por el cambio climático y los desastres naturales que se han producido en la región.
El segundo encuentro se efectuó en la Ciudad de Panamá (Panamá) los días 26 al 28 del mismo mes y estuvo destinado a recibir de parte de los defensores ambientales las recomendaciones y sugerencias de mejora del Plan de Acción elaborado por el grupo coordinador del Acuerdo de Escazú, que deberá ser aprobado en la próxima COP del Acuerdo a realizarse en Santiago, en abril de 2024.
Cabe hacer presente que nuestra Facultad fue la única universidad que participó en el evento, que concitó la presencia de 300 defensores y defensoras ambientales de la región, representativos de 27 países.
Con esta actividad la Clínica Ambiental retomó contacto no solo con los integrantes de la Alianza de Clínicas Ambientales sino con académicos y académicas del Programa de Montevideo, expertos en materias ambientales, además de las autoridades de PNUMA y la representación del Alto Comisionado en Chile, con quienes se han comprometido diversas líneas de trabajo en el área de formación de competencias para la protección del medio ambiente y para la vigencia del Convenio de Escazú.