Imaginemos que una persona obtiene un permiso para construir una casa o un proyecto energético, siguiendo las normativas correspondientes al proceso. Tiempo después, el inmueble pasa a ser una zona protegida por razones ambientales o si la autoridad quiere remover un apoyo financiero a ciertas instalaciones generadoras de energía. Estos cambios de criterio ponen en conflicto a autoridades con ciudadanos. ¿Qué viene después? ¿Se debe permitir la obra o se debe paralizar, o incluso demoler? ¿Se pueden siempre modificar los sistemas de apoyo financiero? Es aquí cuando toman relevancia los principios de irretroactividad y de resguardo de los derechos adquiridos.
Estos escenarios hipotéticos nos presenta el profesor del Departamento de Derecho Público, Jaime Phillips, a la hora de explicar su proyecto de investigación “La prohibición de retroactividad en el derecho administrativo chileno: fundamentos y aplicación práctica”, desarrollado entre los años 2022 y 2025, al alero de un proyecto FONDECYT de Iniciación.
“Se trata de un tema bastante tradicional del derecho, donde encontramos textos muy antiguos que lo tratan, sin embargo, he querido en este proyecto darle otra vuelta de tuerca considerando conflictos más contemporáneos”, explica el académico. “Mucha gente prefiere entender estos principios hoy no como algo absoluto, sino insertos en una tensión entre estabilidad y cambio, donde es necesario conciliar intereses públicos y privados”, agregó.
Desde una mirada más simplista, se podría entender que estos principios implican que las autoridades no pueden cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. “Creo que la metáfora del juego o partido no ayuda a comprender bien los términos del problema. En un juego las reglas son parte de la diversión: permiten que haya una competencia y un ganador. Sin embargo, en el sistema jurídico no se trata de que haya ganadores o perdedores, sino que es necesario conciliar los necesarios cambios normativos dirigidos a promover el bien común con los intereses particulares que se puedan ver afectados”, explica el profesor.
Si bien se entiende que la nueva norma busca proteger a los ciudadanos de cambios repentinos, también trae consigo dilemas y conflictos que día a día debe resolver el sistema legal, ya que hay bienes jurídicos, como el medioambiente, de los que se ha ido tomando conciencia de su importancia en forma paulatina. Luego, estos cambios de valoración tienen que impactar en la forma en que enfrentamos estos conflictos.
"El proyecto de investigación propuso estrategias y respuestas a estos conflictos, para lograr una conciliación de todos los valores en juego. De esta manera, la iniciativa puede apoyar en la labor judicial de quienes resuelven estos conflictos, para que tengan soluciones más claras, porque a veces tienen un libro o manual de hace muchos años que no está adaptado a la realidad actual", comenta el profesor Phillips.
Pero los beneficiados por el proyecto también son los ciudadanos, al contar ahora con herramientas para comprender mejor sus derechos y cómo protegerse en situaciones de cambio normativo; o también los funcionarios públicos y legisladores, al tener insumos para anticiparse a decisiones que puedan afectar la seguridad jurídica y tomar medidas de transitoriedad que eviten futuros litigios.
Ley de Humedales Urbanos
Uno de los casos que se analiza en el proyecto es el caso de la Ley de Humedales Urbanos. “La nueva ley quiere proteger los humedales, que se utilicen de modo sustentable y racional, lo que está bien. Pero yo percibí que, por esta vocación de proteger el medio ambiente con efecto inmediato, se terminan interrumpiendo actividades que venían desde antes. Ante eso, me pregunté qué debe hacer un magistrado para resolver este problema, porque tiene una nueva norma ambiental, pero las actividades que venían de antes, las que muchas veces están vinculadas a la agricultura o proyectos ya aprobados por los reguladores”, reflexiona el investigador.
El profesor de Derecho Constitucional añadió que “en estos casos cada actor tiene su postura, la idea del proyecto fue realizar un conjunto de publicaciones que permitan proponer una mirada más omnicomprensiva, una mirada más de conjunto en estos problemas y así ayudar a la labor jurisdiccional y a la labor de los abogados y de quienes se ocupan de defender los derechos de los ciudadanos”.
Con los resultados de este proyecto, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sigue contribuyendo al Estado de Derecho y al buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, se otorgan herramientas de protección de los derechos de los ciudadanos frente a cambios retroactivos en las leyes y decisiones administrativas, pero siempre conjugado con el necesario dinamismo normativo en pos del bien común.
Finalmente, el profesor Phillips reveló que, a partir de este trabajo, sus intenciones de impulsar nuevas investigaciones, principalmente porque “el proyecto desarrollado entre 2022 y 2025 fue diseñado con la idea de otorgar insumos para la labor jurisdiccional, entregando criterios que permitiesen conciliar los distintos intereses comprometidos”. “Lo anterior es útil, pero sirve en un contexto de conflicto ya desencadenado. Por eso, como estrategia para el futuro perseguirá desarrollar nuevas herramientas centradas en la prevención. "Me gustaría estudiar la forma de prevenir el conflicto mediante normas transitorias. Uno quisiera que la legislación se anticipe a los problemas, que los aborde de forma previa, para que así la carga de juicios en los tribunales sea menor", puntualizó.