El 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el Evento final del proyecto EULAC for Energy Transition (Energytran): "Miradas ante la transición energética en Iberoamérica", organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
En el panel 4, denominado "Sostenibilidad ambiental de la transición energética" y moderado por Maite Irazábal (LifeWatch ERIC), participaron como ponentes Rosa Riquelme (Agencia de Sostenibilidad Energética), Martín Obaya (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Ismael Morales (Fundación Renovables, España) y la Dra. Pilar Moraga Sariego (directora del Centro de Derecho Ambiental).
En estas actividades se presentaron los resultados obtenidos en el proyecto Energytran, proyecto que “nació en enero de 2024 en el marco del programa Horizonte Europa, con el objetivo de abordar la transición energética como un reto común, a través del intercambio, la generación y la transferencia de conocimiento entre infraestructuras de investigación de la Unión Europea y América Latina y el Caribe”, según lo informa su página web.
Previo a comenzar con el panel, la moderadora relató las etapas cuatro y cinco del proyecto, que, entre otras cosas, buscaban fomentar la cooperación científica, para ello se llevaron a cabo iniciativas de movilidades para la sostenibilidad, cursos e-learning y un repositorio vivo denominado EnergyTran Network4Collaboration para fomentar el intercambio de conocimiento, experiencias y prácticas entre investigadores formuladores de políticas, la sociedad civil y el sector privado. Luego de ello se dio paso a las ponencias.
Los ponentes destacaron la necesidad de una transición energética justa y con ello la necesidad de impulsar la eficiencia energética, las energías renovables y el hidrógeno verde. Asimismo, señalaron el lado oscuro de la transición y su impacto en los países en vías de desarrollo y en la sociedad civil en general.
Para finalizar el panel, la profesora Pilar Moraga presentó sobre “La transición energética hacia una economía libre de combustibles fósiles”, enfocándose en el contexto del cierre de las termoeléctricas a carbón en Chile.
Al respecto, la profesora refiere, en primer lugar, que el sector energético es el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero y que para evitar es necesario el abandono de los combustibles fósiles. Sin perjuicio de ello, señala que “el preocuparnos de bajar las emisiones es un compromiso en el marco del cambio climático, pero nuestro aporte es mínimo, a pesar de estar muy preocupados de ello por ser Chile un país altamente vulnerable”.
Continúa exponiendo que el cierre de termoeléctrica se da en el marco del Acuerdo Zero Carbón suscrito por los ministerios de Economía, Minería, Energía y Medio Ambiente, junto al Consejo Minero, y sobre cómo estos cierres nacen de acuerdos voluntarios a los que llega el Ministerio de Energía con los titulares de los proyectos y cómo ellos contribuyen a una meta global y a la salud de las personas y al mismo tiempo tiene implicancias sociales, como el desempleo por el cierre de las empresas.
En ese sentido señala que muchas de las termoeléctricas nacen antes de la entrada en vigencia de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente por lo que no contemplan ni una Resolución de Calificación Ambiental ni menos una regulación clara de su operación ni de su cierre, ni tampoco lo hace la ley de manera supletoria: “como el cierre no está regulado se ha entendido como la simple desconexión al sistema de generación de energía, sin embargo esto no se hace cargo de las instalaciones que están en el lugar, de los residuos que pueden seguir generando contaminación y generando problema ambientales para los territorios”.
Por último, expresa que “otro problema, ante la debilidad del marco legal, es la falta de transparencia. Hay que bucear en la página web, intentar entrevistas con los titulares y realizar solicitudes de trasparencia. Esto ha permitido acceder a la información respecto del estado de los proyectos que se han comprometido al cierre, saber cuál es la normativa aplicable y si se está aplicando la misma. No hay norma jurídica clara que pueda regular este proceso”.