Diversos cambios en materia ambiental y administrativa, además de una apertura del debate en dichas áreas, generará la aplicación del Convenio 169 de la OIT en Chile, el que tendrá que relacionarse con la ley indígena y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A juicio del profesor del Departamento de Derecho Público, Luis Cordero, el convenio internacional -que entrega la denominación de pueblo y territorio indígena, además de reconocer derechos de estas etnias-, ha generado complejidades legislativas. En especial, en lo que se refiere a la participación y consulta en materia territorial y ambiental.
De esta forma, la aplicación del Convenio 169 en materia ambiental debe tener en cuenta la resolución del Tribunal Constitucional, que señala que dichas consultas no constituyen ejercicio de soberanía, no son vinculantes y revisten una forma de recabar información, plantea el académico.
Junto con abrirse un debate respecto a si los temas indígenas deben seguir siendo parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Convenio 169 deja abierta la discusión respecto a cuáles serán las instancias de participación de las comunidades indígenas, sostiene el profesor del Departamento de Derecho Económico, Javier Vergara.
Por ejemplo, si un proyecto de inversión fue evaluado por los mecanismos que establece la legislación, ¿Corresponderá en este caso la consulta? Es algo que será parte del debate, dice el profesor Vergara. Así, agregó, se abre una interrogante sobre cómo se compatibilizará el Convenio 169 con las leyes de agua, minería, energía, entre otras.
Visión antropológica
La académica y encargada del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad, Milka Castro, señaló que si no sabemos cómo se relacionan los pueblos indígenas con la tierra, ¿Cómo podremos ser justos al aplicar la ley?
En este sentido, la antropóloga dijo que es necesario comprender el significado cultural y vinculación de los pueblos indígenas con la tierra y la naturaleza.
Los principales alcances y desafíos del nuevo escenario se debatieron en el X Diálogo convocado por el Centro de Derecho Ambiental, que gracias al apoyo técnico y soporte tecnológico de los Servicios de Tecnologías de Información (STI) de la Universidad de Chile, fue transmitido a través de Internet.