El Centro de Regulación y Competencia de la Facultad, creado a fines de 2009, convocó a un seminario sobre libre competencia, en que reunió a diversos académicos expertos en la materia, los que coincidieron que la cooperación internacional es una de las principales fuentes para consolidar los sistemas regulatorios que permiten el desarrollo de la libre competencia.
Debido a que existen muchas necesidades comunes en este ámbito, la colaboración entre las naciones, compartiendo sus conocimientos y creando redes que permitan una institucionalidad global, es clave, señaló la profesora de la U. de New York, Eleanor Fox.
En este misma línea, su colega argentino, el profesor de la U. de Buenos Aires, Julián Peña, manifestó que es importante el intercambio de experiencias en materia de libre competencia, especialmente en la región Latinoamericana, donde las naciones comparten similitudes jurídicas, sociales y culturales. Aunque, precisó, este proceso debe ser multilateral, no una convergencia unilateral.
Si bien es importante un sistema de regulación, de la misma forma es primordial tener una cultura de libre competencia, indicó el profesor Peña. Y es que muchas veces se subordina la defensa de la competencia a otros intereses como la lucha contra la inflación y las relaciones comerciales externas.
Sistema chileno
El profesor de Derecho U. de Chile, Felipe Irarrázabal, destacó el sistema chileno de regulación de la libre competencia como un verdadero órgano jurisdiccional. No obstante, advirtió que se dan ciertas tensiones. Entre ellas, la confrontación de una visión legalista y una pragmática en el contexto del papel del juez y la aplicación de las normas.
Junto con lo anterior, agregó el académico, otra tensión es el peligro de los "trasplantes legales", en el sentido de la influencia de la jurisprudencia extranjera y de los organismos internacionales en fallos locales, lo que, por una parte, no siempre está en consonancia con las estructuras culturales, y, por la otra, genera efectos muy distintos en uno y otro lugar.
Por su parte, el profesor Santiago Montt, director del Centro de Regulación y Competencia, manifestó que es importante que se entienda la libre competencia desde la perspectiva de las políticas públicas y no desde el Derecho Penal.
En este sentido, sostuvo que el Tribunal de la Libre Competencia debe ser un "policy maker", definiendo el organismo como un ente regulador de comercio que define cuáles modelos de negocios se pueden desarrollar y cuáles no. Su objetivo es "la protección de la competencia y no de los competidores".
El bien y el mal en el contexto de la libre competencia son muy parecidos. Ejemplo de ello lo constituyen las diferencias entre poder de mercado y monopolio, o precios bajos y precios predatorios, concluyó el académico.