La abogada Andrea Medina expuso los pormenores del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde que se involucró en el mismo el año 2001 hasta que se dictó la sentencia que declaró la responsabilidad del Estado mexicano en 2009.
La jurista indicó que aun cuando desde el año 1993 existía documentación que acreditaba asesinatos a mujeres en el lugar, las autoridades locales no ejercieron ninguna acción para prevenir estos hechos y proteger a las mujeres de la ciudad. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002, lo que derivó en una demanda en la Corte Interamericana.
Debido a que las autoridades locales de ciudad de Juárez fueron objeto de diversas presiones y amenazas, el equipo de abogados decidió no contactarlas luego de recurrir a la Corte Interamericana, a la espera de los resultados del juicio.
En este sentido, la abogada Andrea Medina valoró que el sistema interamericano de justicia en Derechos Humanos pudiera adoptar medidas para resolver casos locales con herramientas legales internacionales, y luego fuese capaz de devolver nuevamente, el mismo, una vez sentenciado, al plano local. Asimismo valoró que "el régimen interamericano es el único que tiene una convención específica para los derechos de las mujeres" como es el caso de la Convención De Belem Do Para.
La actividad fue organizada por el Programa "Estado de Derecho y Derechos Humanos", del Centro de Derechos Humanos de la Facultad en el marco de la línea de investigación sobre Violencia contra las Mujeres.
Profesora Cecilia Medina: Sentencia inclusiva a todos los casos similares
La profesora Cecilia Medina, quien era presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento de dictarse la sentencia, explicó que el tribunal, en las 150 páginas de la sentencia, trató de ampliar el sentido del caso y plasmar en una sola sentencia inclusiva a todos los casos similares.
Recalcó que este es un fallo histórico para las mujeres, no tanto por la novedad de los argumentos, sino porque se aplicaron precedentes que nunca se habían utilizado en el tema de género. La profesora Medina, la primera mujer en presidir la Corte, indicó que existía un contexto discriminatorio basado en el género que fundó la responsabilidad del Estado.
En enero de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre los asesinatos de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, cuyos cuerpos fueron encontrados en un predio conocido como "Campo Algodonero" junto a otras cinco víctimas en la mexicana ciudad de Juárez.
En la sentencia, el tribunal interamericano consideró que el Estado de México no tomó las medidas de prevención contra estos asesinatos, indicado que la cultura de discriminación existente no permitió la protección de las mujeres desde el inicio de este caso, que se remonta al año 1993.