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Analizan contexto jurídico de los derechos territoriales indígenas

Analizan contexto jurídico de los derechos territoriales indígenas

La entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT junto a otras disposiciones que abordan la realidad jurídica de los pueblos originarios y sus derechos culturales y materiales, ha generado una serie de interrogantes que el mundo académico y profesional quiere dilucidar.

Se trata de un reconocimiento que va más allá de la cultura de los pueblos indígenas, haciéndose cargo de los "derechos materiales" de tierra, territorio y recursos, señala el profesor Bartolomé Clavero.
En este contexto evolutivo de los derechos indígenas, el Programa de Antropología Jurídica de la Facultad (Pranju), lleva a cabo la tercera versión de un curso que, en esta oportunidad, se desarrolla bajo el título de "Convenio 169 de la OIT a un año de su entrada en vigencia en Chile: Consulta Previa, Territorio y Recursos Naturales".

En la actividad participan profesionales de organismos públicos, empresas privadas y de organizaciones no gubernamentales, además de estudiantes de distintas disciplinas.

Para provocar el debate entre los asistentes, se desarrollan exposiciones de destacados exponentes de la disciplina. Entre otros, Bartolomé Clavero, vicepresidente del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas; y René Kuppé, académico de la Universidad de Viena, Austria.

El curso se extiende por cinco días y aborda temas como la evolución de los derechos indígenas, la jurisprudencia internacional, la naturaleza jurídica e implementación del Convenio 169 de la OIT, los derechos de los pueblos indígenas en relación a las actividades extractivas, participación y consulta, entre otros.

La directora del Programa de Antropología Jurídica de la Facultad señala que la convocatoria del curso ha sido todo un éxito, ya que postularon más de noventa personas, siendo seleccionadas setenta y seis. "Este es el tercer curso en la Facultad, pero también estamos impartiendo cursos sobre el Convenio 169 en provincias, financiados por empresas mineras y por el Estado".