Cloud Computing mantiene las interrogantes jurídicas

El cloud computing o servicio tecnológico que ofrece de manera remota infraestructura tecnológica y software adaptados a las necesidades del usuario viene para quedarse. No obstante, la seguridad y privacidad de datos siguen siendo las preocupaciones. Así lo expresaron diversos expertos convocados por el Centro de Estudios en Derecho Informático de la Facultad (CEDI).

La reunión fue el estreno oficial del coordinador del CEDI, Alex Pessó, quien comentó las ventajas de "la nube" en alusión al cloud computing. A su juicio, éstas apuntan a una mayor eficiencia, pues se adapta la infraestructura tecnológica a las necesidades del usuario. Así, si una empresa en un momento determinado requiere aumentarla, lo puede hacer sin necesidad de quedar permanentemente con capacidad instalada que luego no usará.

Pero los desafíos para la masificación de este sistema en Chile traen algunas interrogantes, como la seguridad y privacidad de los datos al estar éstos almacenados en servidores fuera del país y los potenciales conflictos de jurisdicción. O qué pasa si la empresa que contrata el servicio de cloud computing quiere volver a tener la información en equipamiento propio. Al respecto, acota el profesor Pessó, no hay un tratado global.

Interrogantes

Estas interrogantes que apuntan a la confiabilidad del servicio no son nuevas, sino que se plantea con la masificación de Internet en los años noventa, coincidieron los especialistas que expusieron sobre este nuevo servicio tecnológico. Entre ellos el profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, Renato Jijena.
Para Alfredo Barriga, secretario ejecutivo de Estrategia Digital, dependiente del Ministerio de Economía, el tema de clound computing "está en verde" a nivel internacional, siendo necesario acotar ciertas cuestiones de la administración de los datos y su tuición legal.

Precisamente, en el caso que sean organismos públicos los que contraten el servicio de infraestructura tecnológica remota, el profesor Claudio Magliona sostiene que la legislación vigente sobre compras públicas lo permite, siempre y cuando se cumpla con los principios de eficiencia, eficacia y ahorro. El problema surge cuando dichos datos están relacionados con la seguridad nacional.

El diputado Gonzalo Arenas coincide con los planteamientos, expresando que los desafíos siguen siendo la seguridad, la privacidad y la potencial concentración de los proveedores del servicio, con el consecuente poder que podrían tener. Además, teniendo en cuenta las características y reserva de los datos que maneja el Estado, en algunos casos se podría externalizar el almacenamiento y en otros casos no sería recomendable.