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Extensión, investigación y docencia

Generan análisis de marco jurídico y social frente a desastres naturales

Generan análisis de marco jurídico y social frente a desastres

El Programa Derecho Piensa en Chile, que desde 2010 desarrolla actividades de docencia, investigación y extensión, llevó a cabo las IV Jornadas de Derecho y Catástrofe. En ellas se examinaron las distintas herramientas jurídicas, administrativas y científicas, además de la cultura que posee el país para enfrentar desastres naturales.

Durante jueves de noviembre y diciembre se dieron cita representantes del sector académico, municipal, científico y de organismos técnicos.

El primer tema abordado fue el voluntariado estudiantil en situaciones de catástrofe, analizándolo como una instancia de servicio para las personas y comunidades que lo necesitan, pero además como una oportunidad de aprendizaje en terreno para los futuros profesionales.

En una segunda sesión se examinaron los desastres naturales frente a materias abordadas en el Derecho Ambiental. En este sentido, se cree necesario profundizar dicha relación considerando en los informes de impacto ambiental de los proyectos las evaluaciones de potenciales riesgos de catástrofes naturales.

Otro de los temas analizados fue el nuevo proyecto de Agencia Nacional de Protección Civil, junto con el manejo de información sobre riesgos y la implementación de medidas necesarias para aminorarlos.

En la última sesión se debatió entorno a la relación de la sociedad chilena con el vivir en una zona geográfica sísmica, planteándose la necesidad de tener una población más informada con un fenómeno con el que tienen que convivir y la elaboración de legislación que responda a estas características del territorio nacional.

Las IV Jornadas de Derecho y Catástrofe son parte de las múltiples actividades desarrolladas por el Programa Derecho Piensa en Chile, que dirige la profesora Daniela Ejsmentewicz, en las áreas de docencia, investigación y extensión. En esta última área destacan las asesorías jurídicas a personas de zonas rurales afectadas por el terremoto del 27/F con el objetivo de regularizar sus terrenos y así puedan acceder a subsidios y beneficios estatales.