Ante los recientes fallos del Tribunal Constitucional (TC) en torno al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Dirección General de Aguas (DGA), un grupo de académicos y abogados se reunieron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y analizaron las implicancias tanto en el ámbito de la defensa de los derechos del consumidor como en materia ambiental.
El primero en compartir su mirada fue Ernesto Muñoz, director del Sernac, quien se refirió al impacto que tiene el fallo sobre el proyecto de ley y sobre la visión que se construye en torno a la protección de los derechos de los consumidores en Chile. En esta misma línea, el profesor Fernando Atria (Departamento de Ciencias del Derecho) criticó que el TC burló su rol como legislador negativo, lo que se funda en que no puede decidir que normas entran al sistema jurídico, sino que solo las que no entran.
La actividad, organizada por el Centro de Derecho Ambiental (CDA), el Centro de Regulación y Competencia (RegCom) y la Dirección de Extensión, encontró en la profesora Valentina Durán, directora del CDA, una postura crítica acerca del fallo del TC en relación a la potestad sancionatoria de la DGA, y sus posibles repercusiones en la fiscalización ambiental, puesto que se cuestiona un instrumento necesario para la eficaz protección del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
El investigador del RegCom, José Miguel Valdivia, lamentó que el falló modificará dos proyectos que buscaban empoderar a organismos reguladores y fue tajante en su evaluación: "¿morirá el derecho administrativo sancionador? estoy seguro que no, pero ha recibido golpes muy duros en las últimas semanas".
Mayor poder al Sernac
En la segunda parte del seminario, Francisca Barrientos, académica de la Universidad Diego Portales, manifestó su preocupación por la decisión del TC, sobre todo por fundamentos donde parece "desconocer el fundamento protector de las legislaciones de consumo". Añadió que "la justicia debiera proyectarse para todos y todas nosotros, porque el proveedor tiene como procurársela por sí mismo. La ley de consumo no cuida al proveedor, no lo hace ahora ni podría hacerlo".
Una visión divergente en torno al fallo tuvo el profesor Agustín Barroilhet (Departamento de Derecho Económico), quien advirtió que el ejemplo internacional ha demostrado que "cuando los grupos políticos hacen un organismo muy poderoso en el papel, tienen a despedazarlo". Por esto mismo, el docente sentenció que el "Sernac podía ser muy independiente o tener mucho poder, pero no podía hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque básicamente iba a cumplir la misma función que están cumpliendo los Tribunales de Policía Local".
Finalmente, el profesor Mauricio Tapia (Departamento de Derecho Privado) se refirió al riesgo de que el TC actúe como un tribunal político, como también al discurso contenido en la sentencia, apuntando que "efectúa conclusiones que son peligrosas, que van al corazón del derecho del consumo e impactan todo orden público de protección".