La directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA), profesora Valentina Durán, participó entre el pasado 28 de febrero y 4 de marzo en la reunión donde se adoptó el primer acuerdo regional vinculante para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), un instrumento legal inédito para la región.
El encuentro, en el que participaron representantes de 24 países de la región, sirvió para sellar el texto final del acuerdo, que se viene negociando desde 2014, y en el cual se consagra también la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La ceremonia de clausura estuvo encabezada por Luis Guillermo Solís, Presidente de Costa Rica, y Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo regional de las Naciones Unidas que actúa como secretaría técnica de este acuerdo. Asimismo, y en representación del Gobierno de Chile, participó Marcelo Mena, ministro del Medio Ambiente.
Al momento de analizar el impacto del acuerdo adoptado, la profesora Durán resaltó que "es un tratado histórico, en primer lugar porque es el primer tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe, y en segundo lugar, por la forma en que se construyó. A lo largo de las rondas de negociaciones, se fue compartiendo el texto compilado en sus distintas evoluciones, y ese texto fue conocido, fue comentado y fue recibiendo aportes de diversos actores sociales".
Según el texto final, el objetivo del acuerdo es "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".
En esta línea, la directora del CDA resaltó que Latinoamérica es una región de grandes riquezas en recursos naturales, pero igualmente de una gran desigualdad. Por esto, "es muy relevante que ante la conflictividad socioambiental, podamos tener un instrumento que dé posibilidades a los 500 millones de habitantes de nuestra región y a las generaciones futuras, de participar en las decisiones que les afectan en el día a día, en su calidad de vida y en su derecho de un medio ambiente sano".
Cabe resaltar que como académica del CDA y académica de la Clínica Ambiental, la profesora Durán ha impulsado la implementación de los derechos de acceso, participando así en varias de las rondas de negociaciones del acuerdo. En esta última ronda, integró una comisión de juristas que se abocó a la revisión legal de los textos en sus versiones en inglés y español.