Un encuentro organizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH) y el Departamento de Ciencias Penales abordó las problemáticas del régimen carcelario desde la perspectiva de los derechos humanos, y planteó la urgencia de adoptar medidas para garantizar los derechos de la diversidad penitenciaria.
En este sentido, para conversar sobre los desafíos que presenta el sistema, participaron distintos expositores que representaron las voces de cinco grupos que debido a condiciones especiales, se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, pues no solo están privados de libertad en condiciones inhabitables como lo señalan distintos informes, sino que además, el régimen carcelario no considera sus particularidades que los distinguen de la población penitenciaria común. De esta manera, durante la actividad se conocieron los casos de mujeres, indígenas, la diversidad sexual, adolescentes y extranjeros, los que constituyen cerca del 10% de la población total. Es así como se desarrollaron dos paneles de conversación, los cuales fueron moderados por la profesora de Derecho Penal Myrna Villegas, y el profesor del CDH, Salvador Millaleo.
En un primer panel, Giovanna Tabilo, mujer mapuche que pertenece a la red de apoyo del Machi Celestino Córdova, habló sobre las condiciones carcelarias de los pueblos indígenas, en particular, de la situación carcelaria de los presos mapuche, señalando distintas afectaciones que se dan al interior de los recintos penales, en relación a la cultura, y la forma de vida indígena, cuestión que implica poder realizar ceremonias, acceder a una salud, alimentación, educación y trabajo intercultural, y el respeto por los vínculos de los presos indígenas con sus comunidades, especialmente cuando se trata de autoridades tradicionales como ha sido el caso del Machi Celestino. Además, se refirió a la propuesta de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios Decreto n°518, que ha elaborado un equipo interdisciplinario, que incorpora medidas interculturales que permitirían asegurar los derechos de las personas indígenas, y expresó la necesidad de implementar un módulo especial para este grupo.
Luego, expuso Daniela Lara, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien abordó las problemáticas en relación a las personas de la diversidad sexual o grupos LGTBI, señalando que se presentan dificultades en la identificación de esta población penitenciaria, lo que impide un conocimiento de parte de Gendarmería de Chile, órgano principal del sistema penitenciario, de las medidas que deben implementarse para asegurar los derechos de estas personas en cada unidad penal. Así mismo, señaló que los recintos penales no cuentan con políticas inclusivas, observándose distintas situaciones de discriminación.
Situación de extranjeros, mujeres y adolescentes
Pablo Aranda, de la Defensoría Penal Pública, se refirió a la situación de los extranjeros encarcelados, donde de forma similar a las personas indígenas, la justicia chilena no ha logrado garantizar los derechos reconocidos en tratados internacionales vigentes en Chile. Se hace la distinción de que dentro de los extranjeros, son los inmigrantes empobrecidos quienes sufren diferentes niveles de discriminación, y el régimen carcelario les dificulta acceder a la comunicación con sus familiares, así como a la información sobre sus derechos y beneficios que debe ser traducida.
Por su parte, Carolina Villagra, psicóloga de la Universidad de Chile, revisó las condiciones carcelarias de las mujeres, en términos de la afectación a la integridad psíquica que significa la privación de libertad, en especial cuando son periodos cortos de reclusión, y la dificultad para acceder a servicios de salud adecuados.
Finalmente, expuso Gonzalo Berríos, profesor del Departamento de Ciencias Penales, quien se refirió a la situación de los adolescentes, sobre los cuales se han constatado desnudamientos por parte de personal de Gendarmería, y en relación a los Centros de Internación Provisoria, se carece de tratamientos especializados, donde el factor de la reincidencia y el uso excesivo de la privación de libertad no ha logrado disminuir sustancialmente.
A lo largo de la jornada, los y las expositoras coincidieron en que la institucionalidad penitenciaria es insuficiente para asegurar los derechos de la población penitenciaria minoritaria, y que es urgente una reforma del sistema penitenciario a través de una ley de ejecución penal que garantice estos derechos.
En el segundo panel, participó el profesor de derecho penal, Álvaro Castro, quien explicó los estándares internacionales de protección de los privados de libertad, señalando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que dentro de los deberes del Estado en esta materia, se encuentra la posición de garante que lo obliga a proteger los derechos de imputados y condenados, y a asegurar una tutela efectiva, entre otras cosas. Por último, asistió Marcela Corvalán, de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, invitada en representación del Ministerio de Justicia, quien señaló las medidas que el gobierno busca implementar en materia penitenciaria, indicando que se encuentra en trámite una modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que incorpora normas referidas a la protección de los derechos de los grupos vulnerables, y mencionó la intención de articular mesas de trabajo este año, para la elaboración de una ley de ejecución penal.