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Profesor Joaquín Morales es nombrado vicepresidente ejecutivo de Cochilco

Profesor Morales es nombrado vicepresidente ejecutivo de Cochilco

El Presidente Gabriel Boric anunció el nombramiento del profesor Joaquín Morales Godoy como nuevo vicepresidente ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La decisión se efectuó a través de una nómina de candidatas y candidatos seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

El profesor Morales es abogado de la Universidad de Chile, master en Derecho Internacional de la American University de Estados Unidos y master en Política Económica de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. 

A lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como fiscal y vicepresidente subrogante de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, ministro suplente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego.

En nuestra Facultad, Joaquín Morales forma parte del Departamento de Derecho Económico, donde ha impartido las cátedras de Derecho Económico, Derecho Bancario, Política Económica, entre otras. Además, cuenta con diversas publicaciones en temáticas de su especialidad.

En enero del 2020 fue seleccionado por el sistema de Alta Dirección Pública como fiscal de Cochilco, siendo nombrado vicepresidente ejecutivo subrogante de la Comisión en marzo del año pasado. 

El proceso para proveer este cargo se inició en agosto pasado. Se recibieron 147 postulaciones. En enero de este año, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a 10 personas preseleccionadas y conformó la nómina que fue remitida al Presidente de la República para que efectuara el nombramiento.

La Comisión Chilena del Cobre tiene como misión asesorar al Gobierno en la elaboración, implementación y evaluación de políticas, estrategias y acciones que contribuyan al desarrollo sustentable del sector minero nacional y a fortalecer el aporte de este al resto de la economía. Asimismo, debe resguardar los intereses del Estado en sus empresas mineras, fiscalizando y evaluando su gestión e inversiones.