Los profesores del Departamento de Derecho Público, Paula Ahumada, Santiago Montt y Julio Pallavicini, participaron en un encuentro académico donde analizaron tres sentencias dictadas recientemente por la Corte Suprema de Estados Unidos y sus efectos para el derecho público norteamericano.
El pasado 24 de julio se efectuó el seminario "La nueva separación de poderes en EE.UU.", el que fue moderado por el Director del Departamento, Ramón Huidobro. En la ocasión, se revisaron los casos denominados “Trump v. US”, “SEC v. Jarkesy” y “Loper v. SEC”.
En primer lugar, la profesora Paula Ahumada expuso sobre la decisión “Trump v. US”. En este fallo dividido (6-3), la Corte determinó que la Constitución le otorga inmunidad al expresidente para ser procesado penalmente por acciones oficiales realizadas durante su mandato.
La profesora explicó que en la sentencia la mayoría sostuvo que en el diseño previsto por los Padres Fundadores se consideró un poder Ejecutivo vigoroso, eficaz y unitario, por lo que la inmunidad se justifica respecto a los actos oficiales del presidente que se derivan de sus potestades constitucionales básicas. Sin embargo, esta expansión de la inmunidad hacia el ámbito penal implica un debilitamiento de los mecanismos de control de la principal autoridad política y, por ende, constituye un precedente peligroso para la vigencia del gobierno de las leyes, como de forma elocuente lo desarrolló la jueza Sonia Sotomayor en su disenso.
A continuación, el profesor Santiago Montt profundizó sobre la sentencia “SEC v. Jarkesy”, y cómo ésta asesta un duro golpe al derecho administrativo sancionador en la legislación norteamericana.
Conforme a un criterio material de actividad jurisdiccional que comprende las áreas tradicionales del common law, el académico de nuestra Facultad detalló que la Corte Suprema declaró que la SEC –equivalente a nuestra Comisión del Mercado Financiero (CMF)– no puede iniciar procesos administrativos de castigo por fraude de valores, sino que debe obligatoriamente someter tales disputas a los tribunales federales de justicia.
Dado el amplio uso del Derecho administrativo sancionador en el Derecho norteamericano, el impacto sistémico de esta decisión en los distintos programas regulatorios está aún por verse, anticipó el profesor Montt.
Finalmente, el profesor Julio Pallavicini examinó la sentencia “Loper v. SEC”, que dejó sin efecto el criterio fijado el año 1984 en el emblemático caso Chevron. En ese fallo, probablemente el más citado en el ámbito académico y judicial, la Corte había sostenido que, si las leyes son ‘ambiguas’ o ‘no son claras’, los tribunales debían aceptar las interpretaciones ‘permisibles’ o ‘razonables’ que realizaran las agencias de sus leyes, criterio conocido como la deferencia judicial.
El profesor del Departamento de Derecho Público afirmó que Loper —resuelto un día después de Jarkesy y también en votación dividida 6-3 donde prevaleció la posición conservadora—, refleja la sensibilidad de la Corte por la pérdida de los poderes judiciales en desmedro de las agencias. Por ello, anula Chevron, argumentando que, según la Constitución y la ley de procedimientos, la interpretación legal y la resolución de las ‘ambigüedades’ u ‘oscuridades’ legales son una función exclusivamente judicial, sin que exista alguna deferencia hacia la Administración. El académico concluyó que esta sentencia ha generado una intensa preocupación en las agencias federales, siendo previsible que adopten medidas más prudentes en las regulaciones que aprueben