Con integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, en primera fila. Además, de representantes del ministerio de justicia y del Colegio de abogados, autoridades universitarias y la presencia de la comunidad de la Facultad, se inauguró el año académico 2025.
El tema que cruzó, tanto el discurso de bienvenida del Decano de la Facultad de Derecho, profesor Pablo Ruiz-Tagle, como la conferencia magistral de la invitada, la doctora en Derecho por la Universidad de la Sorbona, Soraya Amrani-Mekki, fue la ética en la profesión jurídica.
“La profesión jurídica en Chile pasa por un momento de crisis profunda y de cierto escándalo. Desde los hechos del llamado “caso audios”, que alcanzó ramificaciones en las policías y los tribunales, revelando una crisis de probidad, una insana relación con el poder en actuaciones fuera de la ley, el tráfico de influencias en los procesos de designación de jueces. Todo esto, sin duda, significa un deterioro y un desprestigio de las instituciones”, señaló el profesor Ruiz-Tagle.
“Es cierto que el sistema jurídico reaccionó: cárcel para los involucrados; tres acusaciones constitucionales contra jueces de la Corte Suprema, dos de ellas acogidas. Y el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre nombramiento de jueces y disciplina. He manifestado de manera pública que este proyecto tiene aspectos valiosos y otros en los que no estoy tan de acuerdo. Pero no es esta la instancia para detallarlos”, agregó.
“La experiencia comparada siempre es instructiva. Muchos de los problemas del sistema judicial chileno los han tenido otros países antes, y su experiencia sin duda puede resultar interesante, dijo el Decano al presentar a la profesora Amrani-Mekki.
La ética profesional
La académica francesa es miembro del Colegio de Deontología de los magistrados, creado por ley, que emite dictámenes no vinculantes sobre cuestiones planteadas por magistrados o presidente de Tribunal.
Antes, integró el Consejo Superior de la Magistradura. Entidad que emite dictámenes éticos a petición del presidente de la República. Durante 6 años ejerció como vicepresidenta de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, “lo que me confiere una especial sensibilidad hacia la imagen del Poder Judicial y su papel como pilar de la democracia. En tiempos difíciles, en periodo de crisis democrática, la justicia debe presentarse como un baluarte contra los societales iliberales. Tras el “caso audios” (o Hermosilla), no es fácil, pero también da una extraordinaria oportunidad de revisar en profundidad el sistema judicial”, explicó.
La investigadora del Sciences Po de Paris, abordó la ética del Poder Judicial, acotando que en Francia se habla más de deontología, porque se trata de una ética profesional que subraya el hecho de que cumplir los deberes técnicos y funcionales no es suficiente.
“La ética es el ADN de una profesión, su cemento, su identidad. Es la razón porque no se puede aplicar la misma ética de parte de los jueces y de los funcionarios. En otras palabras, la deontología es una ética aplicada que implica comprender por qué se exige a los miembros de la judicatura algo más que el mero cumplimiento de la aplicación de la ley”, afirmó.
Dijo que se debe distinguir la ética profesional de las normas disciplinarias. “Tengo que decir que la propuesta en Chile de dar competenciaética a tribunales, dándoles poderes de sancionar los comportamientos con una multa, parece un poco extraño. Es una mezcla de ética que concierne la profesión misma y de lo disciplinario, de modo que personas pueden acudir a la comisión ética. Por tanto, hay que distinguir entre ética y disciplina”.
También habló sobre la ética profesional, desde la función de juez.
“Más allá de la letra de la ley, los jueces deben legitimar su actuación con una ética profesional irreprochable, lo que es exigente y a veces incluso, desafía sus derechos como ciudadanos: libertad de expresión, libertad de asociación, respeto de su vida privada. Construir una ética judicial es, por tanto, una tarea especialmente delicada”.
Independencia: garantía cardinal de la ética
Para el diseño de una ética judicial, la catedrática citó los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, elaborados por Naciones Unidas, que identifica seis valores fundamentales de la judicatura; de ellos la profesora destacó las “tres I”: independencia, imparcialidad, integridad.
Donde la Independencia es la garantía cardinal de la ética.
“Debemos partir por un Poder Judicial independiente. Esta independencia debe entenderse en sentido amplio, tanto como independencia externa respecto de otros poderes -ejecutivo y legislativo- como interna respecto de otros jueces. En Chile, las garantías de independencia frente a los otros poderes han llevado a dotar a la Corte Suprema de importantes facultades de nombramiento, disciplina y dirección de los tribunales. En cambio, las cuestiones de independencia interna y de lucha contra el corporativismo no parecen haber sido consideradas, a pesar de que ambas deben ser combatidas”, señaló.
Además, comentó otras obligaciones éticas contenidas en los Principios de Bangalore que, si bien son universales, cada ordenamiento jurídico las ha definido con diversos nombres. Se refirió al deber de imparcialidad, de integridad, de dignidad, de competencia y diligencia.
“Cualquiera sea el contenido y los contornos de estas obligaciones éticas, la verdadera cuestión es cómo garantizar que los deberes se apliquen en el día a día, lo que presupone que consideremos los medios para ponerlo en práctica. En otras palabras, cómo construir una ética judicial efectiva”, agregó.
A esta pregunta respondió que, si bien es fácil afirmar la necesidad de un código ético y ponerse de acuerdo sobre un conjunto común de principios, “aún debemos estudiar los medios para aplicarlo. Por eso, es necesario consagrar, difundir y formar. Pero esto no basta, porque también hay que preguntarse por su eficacia, para lo cual es necesario crear órganos específicos, supervisados por personas que no sean jueces, para evitar la endogamia”.
Afirmó que, en Chile, el Poder Judicial parece tener conciencia de la importancia de la ética.
“En julio se celebró en el tribunal supremo un seminario en el que se subrayó la necesidad de un código ético chileno, que se está discutiendo ahora mismo. Para difundir una cultura ética entre los magistrados, es importante que un sistema estatal adopte un texto que enumere los principios aplicables a la profesión de magistrado. El derecho comparado muestra que existe una gran variedad de instrumentos. Algunos adoptan un código deontológico, como en Italia, que tiene el inconveniente de dar la impresión de que las normas son claras y sancionables. Francia, por su parte, ha optado por un compendio de obligaciones éticas, que pronto se convertirá en una carta. Esto subraya que se trata de un derecho flexible, caracterizado por ser vago (sin precisión), blando (sin obligación) y/o indulgente (sin sanción). En algunos países, como Senegal, se trata de un manual, porque se ha hecho hincapié en la formación ética de los magistrados. Puede también haber otras fuentes éticas. En Francia, tenemos los dictámenes del Consejo Superior de la Magistratura cuando el presidente de la República le consulta”.
En la construcción de la base ética, es importante la enseñanza continua en la formación, a lo largo de toda la carrera, no solo en la Academia Judicial.
Advirtió que, si la ética debe ser defendida y promovida, también hay que protegerse contra una tiranía de la ética que llegaría a negar derechos fundamentales o a distanciar al Poder Judicial de la sociedad civil.
“En Francia, por ejemplo, dar la alarma ética habría llevado a algunos magistrados a cortar toda comunicación con los abogados y otros interlocutores de la justicia, creando un distanciamiento con estos últimos. No mostrar connivencia con los abogados no significa que no se deba hablar con ellos regularmente”, explicó.
Sobre la construcción de órganos éticos, ejemplificó con El Service d'Aide et de Veille Déontologique (SAVD).
“Los textos éticos más elaborados no bastan. Es importante que los miembros de la judicatura puedan plantearse preguntas sobre su ética profesional y considerar la postura correcta que debenadoptar en cada caso concreto. Por ello, los presidentes de los tribunales son naturalmente los referentes éticos. En Francia, son los encargados de organizar una entrevista deontológica concualquiermagistrado que se incorpore al tribunal, en particular para hablar de su declaración de intereses”, indicó.
También precisó que existe un Comité de ética; el Colegio de Deontología, encargado de responder a la consulta de un magistrado sobre un asunto que le concierne personalmente, emitiendo un dictamen escrito, anónimo, pero publicado. Este dictamen permite constituir un corpus de jurisprudencia en materia de deontología y poner en relieve las cuestiones recurrentes.
“En esta época de crisis política, el Poder Judicial debe seguir siendo una garantía del Estado de Derecho. La ética es lo que permite crearconfianza. Para existir, presupone una institución judicial estructuralmente conforme a las exigencias democráticas. Sobre esta base, el Poder Judicial debe elaborar un código deontológico y velar por su difusión por las instancias apropiadas. La democracia no se verifica en los textos sino en las acciones. En periodo de confusión, la resistencia de los contra-poderes en un sistema de checks and balances como en los Estados Unidos, es primordial”, finalizó.