El pasado 2 de septiembre, en la Sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se realizó el seminario de jurisprudencia “Lecciones del caso Cau Cau”, instancia en la que se discutió en profundidad la reciente sentencia dictada por la Corte Suprema en el proceso “AZVI Chile S.A. con Fisco de Chile” (Rol N° 230.410-2023), relativa a la fallida construcción del Puente Cau Cau en Valdivia.
El encuentro fue presentado y moderado por el profesor del Departamento de Derecho Privado, Hugo Cárdenas, y contó con los comentarios de la profesora Magdalena Bustos (Departamento de Derecho Privado, Universidad de Chile), del profesor Ricardo Quezada (Deparatamento de Ciencias Penales) y de Ricardo Padilla, abogado senior del Estudio Carey.
La controversia judicial
El caso se originó a partir de la demanda de AZVI Chile S.A. en contra del Fisco, en la que se reclamó la nulidad de la terminación anticipada del contrato de obra pública, además del pago de obras ejecutadas y no reconocidas, indemnizaciones y otros perjuicios. La controversia giró en torno al contrato de construcción del Puente Cau Cau y sus accesos, cuya falla en los cilindros hidráulicos de levante obligó al Ministerio de Obras Públicas a poner término unilateral al contrato en 2015.
Mientras la sentencia de primera instancia había acogido parcialmente la demanda, declarando incumplimientos del Fisco y ordenando ciertos pagos, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó esa decisión y rechazó íntegramente la acción. Finalmente, la Corte Suprema, en junio de 2025, acogió parcialmente el recurso de casación, dictando sentencia de reemplazo que, a pesar de que confirmó la validez del término anticipado del contrato hecho valer por el Fisco, reconoció la existencia de obras ejecutadas y aumentos contractuales no pagados, así como ciertos ítems de obras extraordinarias justificadas.
Reflexiones del seminario
Durante la actividad, se destacaron varias dimensiones relevantes de la decisión. Uno de los principales puntos discutidos fue que el reconocimiento de la Corte Suprema de la obligación del mandante de pagar tanto saldos de precio, gastos generales y obras extraordinarias, aunque el contrato haya sido terminado válidamente por el mismo mandante. También se debatió sobre el criterio de “utilidad pública”, utilizado por la Corte para distinguir entre aquellas obras que se consideraban justificadas, de las que no; y sobre la relevancia de la buena fe a efectos de la interpretación contractual.
El seminario permitió abrir un espacio de reflexión académica y profesional sobre un fallo emblemático, no solo por la repercusión mediática de la obra pública involucrada, sino también por las enseñanzas jurídicas que deja en materia de contratación administrativa, responsabilidad contractual y control judicial de los actos de la Administración.
El evento, organizado por el Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, contó con modalidad híbrida y una amplia asistencia de estudiantes, académicos y profesionales interesados en la evolución de la jurisprudencia en materia de contratos de construcción de obra pública.