Durante tres días la ciudad de San José de Costa Rica albergó el Foro y Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo (FIDA).
A la XXIV versión asistieron por nuestra Facultad el director del Departamento de Derecho Público, Ramón Huidobro Salas, la senadora universitaria, profesora Gladys Camacho Cépeda y los profesores Enrique Navarro Beltrán, Claudio Moraga Klenner y Cristián Román Cordero.
El encuentro abordó los desafíos regulatorios contemporáneos en áreas estratégicas, distribuidas en más de 30 mesas y paneles. Los ejes temáticos tratados fueron: infraestructura pública, energía, telecomunicaciones y tecnologías emergentes, servicios financieros, industria farmacéutica e inversión extranjera.
Las ponencias de los profesores de la Escuela de Derecho en el XXIV Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo fueron las siguientes:
- Gladys Camacho: Bienes digitales públicos (BDP) en Chile: un desafío para proteger lo común en la era digital.
- Enrique Navarro: Limitaciones al derecho de propiedad en la jurisprudencia constitucional.
- Claudio Moraga: Panorama general del sistema de protección de la naturaleza en Chile (Tratamiento administrativo del patrimonio natural de Chile).
- Cristián Román: Permisos de ocupación de bienes nacionales de uso público: La experiencia municipal chilena.
- Ramón Huidobro: El subsuelo de bienes nacionales de uso público y municipales en Chile.
Por otra parte, las ponencias presentadas por los académicos en el Congreso Iberoamericano de Derecho Administrativo fueron:
- Gladys Camacho: La inteligencia artificial (IA) en la administración pública chilena: Análisis del marco regulatorio, desafíos y perspectivas desde el derecho administrativo.
- Enrique Navarro: Medidas administrativas provisionales que puede adoptar en Chile la Comisión para el mercado financiero.
- Claudio Moraga: COVID 19 y aeropuertos concesionados.
- Cristian Román: El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (y su aplicación respecto de los reglamentos-multero).
- Ramón Huidobro: Los datos biométricos como protección del usuario de servicios de telecomunicaciones.
