Las reformas en trámite que busca implementar el Gobierno a la Ley de Tribunales de Familia, para sacarlos de la crisis de operatividad que presentan debido a la gran cantidad de causas, no coinciden con la visión planteada por la Corte Suprema y con los requerimientos de los magistrados especializados.
Así quedó demostrado durante un foro debate sobre la materia convocado por el Departamento de Derecho Procesal y la Escuela de Graduados de la Facultad, oportunidad en la que distintos actores del sistema entregaron su visión sobre los problemas y los cambios que sería necesario introducir.
Si bien la subsecretaria de Justicia, Verónica Barahona, anunció que el proyecto en tramitación contempla el aumento de 58 jueces especializados, entre otras medidas, la ministra de la Corte Suprema, Margarita Herreros, dijo que de acuerdo a los cálculos del Máximo Tribunal igual faltarán 257 jueces para un funcionamiento con menor recarga.
La magistrado propuso la implementación de una Defensoría de Familia, al estilo de la Justicia Penal, para atender a las personas de escasos recursos. Mientras eso no suceda, como medida provisoria, la Corporación de Asistencia Judicial debiese tener oficinas en cada lugar del país, señaló.
A juicio del diputado y profesor de la Facultad, Juan Bustos, uno de los aspectos urgentes que debiese abordar una reforma a la Ley de Tribunales de Familia es la pertinencia de las medidas urgentes. Por ejemplo, dijo, la determinación de alimento provisorio para un niño o la protección para una mujer agredida no se pueden tardar un año.
En este sentido, argumentó la creación de un tribunal especial para dictar medidas de protección.
Críticas de la jueza Negroni
La jueza de Familia, Gloria Negroni, coincidió con las propuestas de tribunal o juez especial para decretar las medidas cautelares y defensoría para la Justicia de Familia. Como dirigente gremial, reiteró que la cantidad de jueces es exigua para solucionar los problemas existentes.
Del mismo modo, criticó que los fondos de la Justicia de Familia sean el equivalente al 10% de los recursos con que cuenta el sistema penal. “Debemos ser destinatarios de la primera y no de la última preocupación”, dijo, argumentando que los Tribunales de Familia cruzan a toda la sociedad y no sólo a un sector de la población.
La posición del ministerio
Por su parte, el representante del Ministerio de Justicia para esta área expresó la imposibilidad de tener jueces o salas exclusivamente para controlar un solo tema, con lo que puso de manifiesto la imposibilidad de llevar a cabo la propuesta de Tribunales de Protección.
También, aseguró que para analizar el número de jueces requeridos hay que dejar de lado el típico argumento del número de causas que ingresan al sistema, manifestando que hay que determinar el número de audiencias, su duración y los aspectos operativos del Tribunal, entre otras variables.
En este sentido, dado a que existen estadísticas que señalan que el 75% de las causas no se ven o se “caen”, debido a problemas de notificación, llamó a los jueces a programar mayor cantidad de audiencias, porque habría margen para ello.
El análisis del personero no causó mucha gracia entre el público asistente al foro, entre el que se encontraba gran cantidad de jueces de Familia.
De hecho, la jueza Negroni no tardó en replicar que la labor de ella y sus colegas no sólo era asistir a las audiencias, sino que también decidir el destino de las causas que no se realizaban, resolver las vistas, atender el despacho, entre otras cosas, dijo.
El foro fue moderado por el director del Departamento de Derecho Procesal, Cristian Maturana, quien se comprometió a nombre de la Facultad a seguir monitoreando y discutiendo los avances o retrocesos que presente la Justicia de Familia.
Cabe señalar que la actividad fue coordinada por la profesora del mismo departamento, Ruth Israel.