A través del Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa,la Facultad inició una nueva fase de estudio del Derecho Penal Económico. Así lo explicó el magistrado español Enrique Bacigalupo en la cátedra inaugural de la nueva propuesta académica, impartida conjuntamente con el Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset.
Se trata de una especialidad relativamente moderna, cuya denominación de Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa obedece a una nueva perspectiva de la disciplina, que tiene que ver con una orientación hacia la prevención de los riesgos de sanciones a los que están expuestos los negocios.
El profesor Bacigalupo acota que en este contexto el jurista debe tener una actitud de vigilancia, para que la empresa no caiga en acciones sancionables; una función de asesoramiento, relacionada a una autorregulación y supervisión de los actos teniendo en cuenta el derecho nacional y supranacional; y una función de advertencia, para una adecuada reacción de las estrategias empresariales.
Esta nueva perspectiva de la criminalidad económica tiene una vinculación internacionalista y global, dado los sistemas informáticos y las herramientas financieras que operan en el mundo de los negocios, dice Jesús Sánchez Lambás, secretario general del Instituto Ortega y Gasset.
Precisamente esta visión es la que generó el interés de llevar a cabo el Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa.
Criminalidad económica
En concreto, un sector en el que se ha detectado criminalidad económica es en el inmobiliario, dice el profesor Sánchez Lambás.
En España, explica, se ha producido una burbuja sustentada por proyectos que se realizan en el papel y se ofrecen al público, pero que nunca se concretan físicamente. Entonces, es necesario detectar los mecanismos de control que no han sido eficiente y la actuación de los organismos judiciales para evitar dichas estafas.
A través de investigaciones y actividades académicas que aborden el problema de la criminalidad económica se puede llegar a determinar soluciones jurídicas y reformas legales necesarias para mejorar los sistemas de control y garantía, concluye el catedrático.