Frecuentemente, ciertas organizaciones empresariales sostienen que las normativas jurídicas ambientales constituyen un freno, escollos o barreras para el desarrollo del país desalentando, además, las inversiones, lo que no es efectivo ya que según cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, desde reglamentación del Sistema de Evaluación Ambiental, (abril,1997), ingresan al Sistema un total de 16.650 proyectos, aprobándose un 67 % y sólo un 5% rechazados (un 28% corresponde a desistidos y no admitidos).
Se critica también trámites excesivos y demoras injustificadas. Según estudio de la ex - CONAMA, un 60% de casos de demora en tramitación de proyectos se debía a su mala presentación y/o ausencia, insuficiente o errada información, obligando a la autoridad a solicitar aquellos faltantes lo que generaba Adendas de los autores del proyecto y nuevas solicitudes de la autoridad, sin límite. (Un Reglamento del SEIA, en trámite, limita a dos los Adendas). Normalmente el autor del proyecto solicitaba ampliación de plazo para contestar o bien pedía la suspensión del procedimiento. Finalmente, se critica excesiva judicialización, al deducirse recursos contra la autoridad, los que, como en todo Estado de Derecho, se pueden interponer.
Por lo tanto, atribuir al SEIA los obstáculos para el desarrollo del país no guarda relación con la realidad. Los marcos regulatorios ambientales, no han sido establecidos por capricho o para complicar a las empresas. El mundo y Chile, no son los mismos de hace medio siglo . Europa y EE.UU. sufrieron graves crisis ambientales y en nuestro país un "laissez faire, laissez passer", nos provocó graves daños ambientales, algunos irreversibles y, en otros, un cuantioso legado de pasivos ambientales. Hoy, en el mundo se reclama un entorno saludable y, en nuestro país, fruto del mejor nivel de ingresos, también se exigen mejores condiciones ambientales y la comunidad utiliza crecientemente instancias de participación. En países, mercado de nuestras exportaciones, también se reclama por buena calidad e inocuidad de los productos que exportamos. De ahí, crecientes exigencias de certificación ambiental que deben cumplir las exportadoras (FSC, para productos forestales; HACCP, para los hortofrutícolas; OHSAS, ISO-14001, British Standard, sellos, etc.). Existe, además, el Informe ambiental de la OCDE/2005 para Chile, que, entre las recomendaciones, planteó la necesidad de mejorar los estándares ambientales y la fiscalización y el reciente "Estudio Económico de Chile -2013", de misma Organización, también incluye recomendaciones sobre "crecimiento verde ".
Así, un sector empresarial moderno, competitivo y adecuado a las nuevas exigencias del mercado, en especial, las ambientales, no debiera asumir una postura crítica ni de persecución por los marcos regulatorios vigentes. Felizmente, constituyen una minoría, y han sido capaces de reconocer que "las cosas han podido hacerse mejor, ya que todo se hizo mal de inicio a fin" (Barrick Gold, por final de Pascua Lama) o "este episodio marca un antes y un después en gestión ambiental de las empresas" (Ex -Directivo de CPC, en caso por contaminación en CELCO-Valdivia). Por el contrario, la gran mayoría del sector empresarial, entiende que el país requería normas modernas y transformar su institucionalidad ambiental. Un Reglamento del SEIA, en trámite, reduce algunos plazos, simplifica ciertos trámites, precisa algunos conceptos, todo lo cual facilitará el accionar de empresas al presentar futuros proyectos.
Prof. Sergio Montenegro Arriagada
Director del Centro de Derecho Ambiental
Facultad de Derecho, U. de Chile
(x). Columna de Opinión de La Tercera, domingo 3 pasado.
Se contrapone a opinión de C. Martínez en misma página.