El 29 de octubre de 2019, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) hizo llegar una declaración dirigida a todos los parlamentarios y parlamentarias, expresando su preocupación por la disminución del presupuesto 2021 de la SMA como principal institución encargada de la fiscalización ambiental del país.
"Entendiendo que, dadas las actuales circunstancias, las iniciativas de reactivación económica han de ser priorizadas en el presupuesto, creemos que disminuir el financiamiento de las tareas de fiscalización de la normativa ambiental– y con ello, indirectamente, la eficiencia de esta fundamental labor – entrega el mensaje equivocado".
En el marco de la importancia del cumplimiento ambiental para el estado de derecho, los consejeros y consejeras representantes de distintas instituciones, afirman por unanimidad que "La reactivación económica no puede ser llevada a cualquier costo y menos aún comprometiendo el futuro de las próximas generaciones", agregando que "resulta indispensable entonces la existencia de un organismo fiscalizador fuerte y con recursos mínimamente suficientes para cumplir con sus funciones".
Valorando el trabajo de la SMA en la protección ambiental, a pesar de sus escasos recursos en comparación con otros países de América Latina, el COSOC plantea que "respaldar la gestión de la SMA y no perjudicarla implica que, al menos, su presupuesto sea mantenido", haciendo un llamado a los congresistas encargados de aprobar el presupuesto 2021 a mantener a lo menos el presupuesto 2020 de la SMA.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile integra el COSOC de la SMA a través de sus profesoras Valentina Durán (titular) y María Nora González (suplente). El Consejo de la Sociedad Civil fue creado en el marco de la Ley 20.500, Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y tiene un carácter consultivo, representativo, plural y diverso. Lo integran además representantes de gremios u organizaciones empresariales del país, de centros de estudios, de facultades de Ciencias Ambientales de instituciones de educación superior, de organizaciones no gubernamentales que tengan entre sus fines la protección del medio ambiente, y de colegios profesionales vinculados a la protección del medio ambiente.