Una doble lectura admite el retraso en un año de la entrada en vigencia de la Justicia Juvenil (Ley 20.084), sostiene la profesora de Derecho U. de Chile y jueza de menores, Ana Luisa Prieto. Para la magistrado, dicha postergación es preocupante, pero esperanzadora al mismo tiempo.
Es preocupante porque "radica por un largo tiempo (un año) en los Tribunales de Familia, que están en dificultades por el excesivo y disímil conjunto de materias que les corresponde conocer, las causas por infracciones cometidas por menores de 18 años de edad", plantea.
A no ser, agrega, que los menores de esa edad y mayores de 16 años sean declarados con discernimiento, caso en el que el juzgamiento corresponderá al sistema penal para mayores de edad. No obstante, aclara la académica, "mantiene la institución del discernimiento y la competencia para resolver esta materia en los jueces de garantía y no en un tribunal especializado".
Desde otra perspectiva, señala la profesora Prieto, se podría señalar que el retraso es esperanzador, pues "la ampliación del tiempo para la entrada en vigencia de la ley podría permitir hacer un estudio más técnico, para adecuarla de mejor forma a la Convención de los Derechos del Niño y a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores".
Así, el mayor plazo permitiría orientar, con un conocimiento más realista de las necesidades, los recursos para optimizar el sistema de apoyo a la actividad jurisdiccional e iniciar la especialización de los actores que operarán el sistema, afirma.