Derecho a la salud

La recurrente interpone recurso de protección en favor de sí misma y su cónyuge, ambos personas mayores, denunciando violación arbitraria e ilegal de las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1 y 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por parte de la actuación de la Sociedad Comercial y Agrícola Carvajal y Salinas Limitada, consistente en aplicación de plaguicidas e insecticidas tóxicas para la salud humana y el ecosistema.

Afiliado interpone un recurso de protección a la ISAPRE BANMÉDICA, la cual arbitrariamente puso término al contrato y desafilió a su hija (10 años), con el fundamento de que el recurrente omitió la preexistencia de una enfermedad. El afiliado menciona que taL enfermedad siempre estuvo en la ficha médica, y que no dio la declaración por instrucciones de una funcionaria de la empresa. La Corte acoge el recurso con costas, y establece que la acción de la parte recurrida es ilegal y arbitraria, debido a que no demostró que concurrieran los presupuestos jurídicos básicos para actuar como lo hizo.

En un primer lugar, la sentencia rechaza la improcedencia de la acción, pues si bien se trata de licencias médicas y éstas pertenecen al campo de la seguridad social, en el caso de autos, se denuncian como vulnerados los derechos establecidos en los números 1, 2, 3, 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según prescribe el artículo 20 del mismo cuerpo normativo. En segundo lugar, la sentencia acoge el recurso de protección interpuesto en favor de la actora, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de las licencias médicas, puesto que incumple lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°19.889 y vulnera el numeral 1 del artículo 19 de la CPR. Con todo, se acoge sólo en cuanto se ordena a la recurrida disponer lo necesario para determinar la patología que aqueja la actora, su evolución, la pertinencia del reposo y cualquier otro antecedente que permita una acertada resolución.

La sentencia acoge el recurso de protección alegado por la madre y curadora de un paciente de 22 que padece autismo severo. La acción del recurrido consistía en el traslado del hospital inicial de su hijo hacia otro, debido a su domicilio. Frente a esto, el tribunal sostiene que la justificación del domicilio es insuficiente y que el informe evacuado por el hospital de traslado dice que no cuenta con las medidas necesarias para recibirlo, poniendo en riesgo la vida e integridad del paciente. Por lo tanto, se ordena a que se mantenga en el hospital inicial con las medidas ya instauradas para su cuidado.

Se deduce recurso de protección en favor del adolescente Matías en contra de la Isapre Cruz Blanca, alegando una vulneración de derecho a la vida, garantizado en el artículo 19 número 1° de la Constitución Política, al negarse el transporte de un medicamento esencial para controlar el avance de una enfermedad grave.

La sentencia rechaza recurso de apelación interpuesto en contra de resolución del Juzgado de Familia de Puerto Varas, mediante la cual se ordenó a los padres del niño Martín, a dar cumplimiento al Programa Nacional de Inmunización vigente en el país, ponderando su derecho a la salud, reconocido tanto en la Constitución Política de la República como en la Convención de Derechos del Niño, indicando que esta situación no vulnera el derecho preferente de los padres al cuidado y crianza de sus hijos.

La sentencia acoge el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena a la Prefectura Santiago Norte de Carabineros de Chile, disponer las medidas necesarias para que -a pesar de la baja (condicional) con efecto inmediato del actor (padre)- se permita a su hijo menor de edad continuar recibiendo la atención que su salud requiera por la red asistencial del Hospital de Carabineros, mientras no se haga efectiva su baja definitiva de la institución a través del respectivo proceso administrativo. La decisión del tribunal se fundamenta principalmente en lo establecido por la Ley N° 21.430, sobre Garantías y Protección Especial de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, y en especial, en el interés superior del niño, niña y adolescente (en adelante, NNA).