En el marco de la estadía de investigación de la profesora Sandra Ceballos Torres, doctoranda de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se realizó una actividad destinada a estudiar la participación de los niños en los procesos de familia y la implementación de salas Gesell, acondicionadas especialmente para estos efectos.
La actividad organizada por el Programa de Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, se realizó el pasado 27 de octubre en la Facultad y enfatizó el derecho del niño a ser oído, consecuencia de haberse abandonado la teoría que lo consideraba como un objeto de derecho para verlo ahora como sujeto del mismo. En cumplimiento de esto, en nuestro país se diseñaron salas acondicionadas para permitir una correcta entrevista de los niños en juicios de familia, conocidas como salas Gesell.
Desde el punto de vista del derecho mexicano, la profesora Ceballos afirmó que "independientemente de la falta de recursos económicos en la compra e implementación de salas Gesell, lo más relevante es la capacitación que se puede realizar al personal”.
En relación a esto, Paulina García Cárcamo, jueza titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago y coordinadora de la implementación de la Sala Gesell en Tribunales de Familia, coincidió que "de nada sirve tener este tipo de espacios si no se les enseña a los funcionarios a utilizarlas", como lo ha hecho el Poder Judicial. La abogada recalcó que “al implementarse las salas Gesell en nuestro país se realizaron dos capacitaciones, una teórica y una práctica, a todos los funcionarios de los tribunales de familia”.
Por último, Cristián Lepin Molina, coordinador académico del Programa de Derecho de Familia, arguyó que la opinión de los niños en los procesos de familia "debe ser considerada durante todo el juicio y no como medio de prueba, en atención a su calidad de sujeto de derecho y a la autonomía progresiva".
En la discusión, los expositores analizaron los pros y contra de la iniciativa que impulsa la implementación de las salas Gesell, a un año de su puesta en marcha, en el contexto de que la Convención de los Derechos del Niño establece la obligación de los estados de garantizar la libertad de pensamiento y expresión de los niños, aunque sin señalar la forma en que la participación de los niños debe llevarse a cabo.